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03 junio 2021

El estado de Israel es resposable de crímenes de guerra y genocidio



Parte I

La Jurisdicción Universal 

por Tito Andino


Existe una variedad de cortes y tribunales internacionales relacionados con las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia es uno de los principales, seguido por los tribunales penales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad (y otros tipos de tribunales internacionales establecidos por convenciones de las Naciones Unidas, entidades independientes con acuerdos especiales de cooperación con la ONU).

La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con sede en La Haya, Países Bajos, se rige por el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Entró en vigencia el 1 de julio de 2002. La CPI no forma parte de la ONU, pero el artículo 2 del Estatuto establece la relación de la CPI con la ONU (cooperación entre ambos organismos, resolución 58/318 de la Asamblea General). La CPI envía un informe anual a la Asamblea General. De conformidad con el Artículo 13(b) del Estatuto de Roma y el Capitulo VII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU puede referir determinados casos al Fiscal de la CPI.

El Consejo de Seguridad ha establecido algunos tribunales ad hoc, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el Tribunal Penal Internacional para Ruanda; el Tribunal Especial para el Líbano; el Tribunal Especial para Kosovo. La ONU ha participado también en diversas cuestiones con el Tribunal Especial para Sierra Leona y las salas especiales en los tribunales de Camboya, entre otros.

Crimen de guerra es la violación de las normas establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra según el Derecho Internacional Humanitario, como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; las leyes de guerra tanto nacionales como internacionales; y, en general la violación de las costumbres de la guerra aplicables (asesinato o mal trato de los prisioneros de guerra o de náufragos, deportación, trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados, la toma y ejecución de rehenes, pillaje de bienes públicos o privados, destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, entre otros).

Hemos escuchado sobre deliberaciones de tribunales de la sociedad civil, de carácter simbólico, sin efecto jurídico aplicable por falta de competencia y jurisdicción en el ámbito internacional, es decir, no reconocidos por organismos multinacionales establecidos en resoluciones y estatutos validados por los estados. Hay por el mundo algunos Tribunales no reconocidos que estudian graves violaciones al Derecho Humanitario y que, ni el Consejo de Seguridad de la ONU o la Corte Penal Internacional lo tratarán jamás por presiones de un bloque de grandes potencias mundiales y sus socios agrupados en una organización militar denominada OTAN.

Algunos ejemplos de esos Tribunales son: El Tribunal Penal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (Malasia) - KLWCT - por sus siglas en inglés que posee una Comisión de Crímenes de Guerra (KLWCC). En 1967 operaba el Tribunal Russell, que trataba las denuncias penales derivadas de la guerra de Vietnam. En 1976, en Roma se constituyó un Tribunal Permanente de los Pueblos, basado en las experiencias que aportó el Tribunal Russell. Un Tribunal Mundial sobre Irak (WTI), que se instaló en Estambul en 2005. Otra iniciativa similar surgió en Sudáfrica en 2011, Tribunal Russell sobre Palestina que deliberó del 5 al 7 de noviembre de 2011 las denuncias contra Israel por sus políticas de apartheid, ocupación y desposesión territorial de los palestinos.

¿Tribunales de conciencia, o de ley? se plantea el jurista internacional Richard Falk (profesor universitario, autor y editor de numerosas publicaciones como International Law and the Third World: Reshaping Justice, Routledge, 2008).

Falk plantea la cuestión de la jurisprudencia popular y si la "conciencia" o la "ley" es el aspecto influyente en estas iniciativas no gubernamentales por intermedio de jurados de consciencia. En efecto su objetivo -sin competencia legal- es recurrir a un medio que cubra ese vacío en la administración de justicia internacional, que no es necesario redundar es fruto de la manipulación geopolítica de las superpotencias globales. Lo que se pretende es trazar el camino para ser escuchados, informar, explicar, educar y persuadir. "Ofrece una crítica devastadora de los fracasos persistentes de los mecanismos del derecho penal internacional para asumir la responsabilidad de administrar justicia con justicia, es decir, sin los filtros de impunidad proporcionado por las existentes jerarquías del duro poder".

Esta clase de tribunales reconocen que sus veredictos no resultan aplicables en la forma que opera un tribunal penal de un Estado soberano o constituido por acuerdo internacional, como la Corte Penal Internacional, pero, a través de un procedimiento "legal" brindan conclusiones y recomendaciones de un notable valor jurídico que puede servir de referente a la justicia internacional, a la vez que emiten una condena moral a los acusados y recomiendan una futura rendición de cuentas. 

Citemos un ejemplo. El Tribunal Penal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCT-Malasia) integrado por cinco jueces, luego de dos años de investigación por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra (KLWCC), en audiencia del 19 al 22 de noviembre de 2011, llegó a un veredicto unánime, encontró a  George W Bush y Tony Blair, culpables de crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y genocidio, por su participación en la guerra de Irak. (abogados defensores de oficio ofrecieron argumentos y pruebas al tribunal en favor de los acusados. Los ausentes acusados fueron invitados a asumir su propia defensa o a enviar un representante, pero se negaron a hacerlo. El equipo de la fiscalía fue dirigido por dos destacadas personalidades jurídicas con fuertes credenciales en derecho: Gurdeal Singh Nijar y Francis Boyle).

En este caso, se planteó a la Asamblea general de la ONU aprobar una resolución que exija a los Estados Unidos poner fin a su ocupación de Irak: y, "comunicar los resultados obtenidos por el tribunal a todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (que regula la Corte Penal Internacional) y a todos los Estados que afirman la jurisdicción universal, en cuanto que autorizan el juzgamiento de crímenes internacionales por tribunales nacionales; e instar al Consejo de Seguridad a asumir la responsabilidad de asegurar que los derechos de soberanía plena residen en el pueblo de Irak y que la independencia de su gobierno sea protegida por una fuerza de paz de la ONU".

En la práctica ninguna de estas resoluciones obtuvo trascendencia internacional, los medios globales de desinformación masiva seguirán negando el derecho a conocerlas.



La Jurisdicción Universal

Richard Falk en su notable ponencia aclara un importante aspecto de la justicia. Los veredictos de estos "tribunales" como el KLWCT "no se produce en su totalidad en medio del vacío jurisprudencial. Desde hace tiempo se reconoce que los tribunales penales nacionales pueden ejercer jurisdicción universal por crímenes de Estado sin importar donde hayan ocurrido, aunque por lo general solo se procede si los individuos acusados ​​se encuentran físicamente presentes ante el tribunal". 

Para explicarlo, un ejemplo: Cuando el juez español Baltasar Garzón promovió una orden de arresto contra el dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile; también Garzón abrió la posibilidad de levantar en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión (Baltasar Garzón citado en Wikipedia)

Falk explica que "hay una sensación de que los tribunales nacionales tienen la autoridad legal para procesar a individuos acusados ​​de crímenes de guerra en cualquier parte del mundo. La teoría jurídica subyacente se basa en el reconocimiento de la limitada capacidad de los tribunales penales internacionales para imponer responsabilidad de una manera que no sea dictada por las prioridades geopolíticas y por el reflejo de una lógica de la impunidad. En este sentido, la jurisdicción universal tiene el potencial para generar un tratamiento de igual a igual, y se convierte en una gran amenaza para los Kissinger y Rumsfeld de este mundo, que han tenido que limitar los sitios a donde pueden viajar. Los Estados Unidos e Israel han utilizado su influencia diplomática para hacer retroceder la autoridad de la jurisdicción universal en Europa, especialmente en el Reino Unido y Bélgica".

"En este sentido, hubo una intensa motivación ética y política detrás de estas iniciativas de la sociedad civil, que invoca la autoridad del derecho. Pero, ¿estas iniciativas realmente califican como "derecho"? Una respuesta a esta pregunta depende de si los procedimientos formales de los estados soberanos y de sus descendientes indirectos (las instituciones internacionales) constituyen un monopolio de la administración legal de la justicia. Yo me pondría al lado de los que creen que las personas son la fuente última de autoridad legal y que tienen el derecho de actuar por su cuenta cuando los procedimientos gubernamentales, como en estas situaciones, están tan inhibidos por la geopolítica que no tienen en cuenta violaciones graves del derecho internacional".

"Los tribunales de la sociedad civil no están realmente tratando de determinar la culpabilidad o inocencia, sino que más bien tiene la intención de aportar las pruebas y el razonamiento que valida e ilumina un veredicto de culpabilidad, las recomendaciones resultantes y la sanción penal. Es por supuesto imposible, para los tribunales de la sociedad civil, hacer valer sus resultados en el sentido convencional. Su reto es más bien el de difundir el juicio tan amplia y eficazmente como sea posible. Una publicación del Tribunal Permanente de los Pueblos a veces puede llegar a ser sorprendentemente influyente, dada la amplia base de hechos que presenta al llegar a su veredicto. Este fue el caso en la generación de activismo de oposición en las Filipinas en la década de 1980 durante los últimos años del régimen de Marcos".

Explicado lo anterior sobre la jurisdicción universal, en síntesis diremos que el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur es una organización establecida en Malasia en 2007 con el fin de investigar (unilateralmente) crímenes de guerra. Se creó como alternativa a la Corte Penal Internacional a quien se ha señalado en varias ocasiones de parcialidad para seleccionar los casos. El Tribunal desde el punto de vista legal (justicia universal reconocida) no cuenta con reconocimiento de sus estatutos, ni posee mandato de las Naciones Unidas. Carece de fuerza legal para ordenar arrestos o imponer condenas, por lo mismo sus veredictos son de carácter simbólico. En la página web del Tribunal se dice: "En caso de que el tribunal condene a alguno de los acusados, la única sanción es que el nombre del culpable se inscriba en el Registro de Criminales de Guerra de la Comisión y se publicite en todo el mundo". 

Sin embargo, se debe tener presente que el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur invoca la jurisdicción universal para emitir condenas en casos como:

2011, contra George W. Bush y Tony Blair, condenándolos a ambos por crímenes contra la paz debido a que el tribunal concluyó que la invasión de Irak era ilegal.

2012, A favor de las víctimas de tortura en Abu Ghraib y Guantánamo, el Tribunal condenó al ex presidente estadounidense George W. Bush, al ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, al ex secretario de Defensa de EE. UU. Donald Rumsfeld, por conspiración para cometer crímenes de guerra, específicamente tortura. El Tribunal remitió sus conclusiones al fiscal jefe de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

2013, el Tribunal declaró culpable a Israel de genocidio del pueblo palestino.

Con las debidas aclaraciones de carácter jurídico y dada la reciente crisis bélica desatada por Israel contra la Franja de Gaza (mayo 2021), utilizando nuevas armas de destrucción masiva y aviones de quinta generación (F-35), es muy importante volver a publicar una histórica resolución ignorada por la opinión pública mundial, en noviembre de  2013, el Estado de Israel fue objeto de un juicio por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCT). 

 




Parte II

Israel acusado de crímenes de guerra y genocidio. Sentencia de 2013 del Tribunal de Kuala Lumpur

 

La Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC) contra el Estado de Israel.

El Primer Ministro de Malasia, Dr. Mahathir Mohamad, presidió la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC) que condujo a la acusación contra el Estado de Israel.

Los miembros de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC) son:

Dr. Mahathir Mohamad (Presidente),  Prof. Michel Chossudovsky,  Dr. Denis Halliday,  Sr. Musa Ismail,  Dra. Zulaiha Ismail,  Dr. Yaacob Merican,  Dr. Hans von Sponeck. Trabajando en coordinación con sus homólogos de Malasia, los comisionados Dr. Denis Halliday, ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y el Prof. Michel Chossudovsky, Director del Centro de Investigación sobre la Globalización estuvieron presentes en Kuala Lumpur durante todo el proceso.


El gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu ha cometido extensos crímenes contra la humanidad. Donald Trump en su “Acuerdo del Siglo” ha respaldado la agenda criminal dirigida contra el pueblo de Palestina y al hacer cumplir el llamado "Acuerdo del Siglo", el presidente de los Estados Unidos es cómplice de extensos crímenes de guerra. 

"Los perpetradores (el Estado de Israel) habían cometido actos contra los palestinos, con la intención de matar, causar graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos en su totalidad o en parte".

“El Tribunal recomienda a la Comisión de Crímenes de Guerra que dé la más amplia publicidad internacional a esta condena y otorgamiento de reparaciones, ya que se trata de crímenes universales por los cuales las naciones tienen la responsabilidad de iniciar procesos judiciales.

El Tribunal deplora el fracaso de las instituciones internacionales en castigar al Estado de Israel por sus crímenes y su total falta de respeto al Derecho Internacional y las instituciones de las Naciones Unidas”. 

El siguiente texto fue publicado por primera vez por Global Research en noviembre de 2013. Este importante acusación recibió muy poca cobertura en los medios occidentales. Global Research a través de Michel Chossudovsky, quien fuera miembro de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCC), publicó varios informes tras este histórico juicio contra el Estado de Israel. 

(A continuación se muestran extractos seleccionados de la sentencia por Global Research. El juicio completo está disponible en PDF al final de este artículo).



TRIBUNAL DE CRÍMENES DE GUERRA DE KUALA LUMPUR, 20-25 DE NOVIEMBRE DE 2013

Caso No. 3 - CHG - 2013


La Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur

contra Amos Yaron

Caso No. 4 - CHG - 2013


El Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (Tribunal) volvió a reunirse el 20 de noviembre de 2013 para escuchar dos cargos contra Amos Yaron (primer demandado) y el Estado de Israel (segundo demandado). El primer demandado fue imputado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, mientras que el segundo demandado fue imputado de genocidio y crímenes de guerra.

El cargo contra el primer demandado es el siguiente:

“El demandado Amos Yaron perpetró crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en su calidad de comandante general israelí en el control militar de los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila en el Líbano ocupado por Israel en septiembre de 1982 cuando, a sabiendas, facilitó y permitió a gran escala la masacre de los residentes de esos dos campos en violación de las Regulaciones de La Haya sobre Guerra Terrestre de 1907; el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949; la Convención sobre el Genocidio de 1948; la Carta de Nuremberg (1945), la Sentencia de Nuremberg (1946) y los Principios de Nuremberg (1950); el derecho internacional consuetudinario, el jus cogens, las leyes de la guerra y el derecho internacional humanitario”.

El cargo contra el segundo demandado (Estado de Israel) es el siguiente:

Acusación contra el Estado de Israel por cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio.

“Desde 1948 y hasta la fecha, el Estado de Israel (en adelante 'el Demandado') llevó a cabo contra el pueblo palestino una serie de actos, a saber, matar, causar graves daños corporales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física.

La conducta del acusado se llevó a cabo con la intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino. Estos actos se llevaron a cabo como parte de un patrón manifiesto de conducta similar contra el pueblo palestino.

Estos actos fueron realizados por el Demandado a través de la instrumentalidad de sus representantes y agentes, incluidos los enumerados en los Anexos 1 y 2.

Tal conducta constituye el crimen de genocidio según el derecho internacional, incluida la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948 ('la Convención sobre el Genocidio') en particular el artículo II y punible en virtud del artículo III de dicha Convención.

También constituye el crimen de genocidio según lo estipulado en el artículo 10 de la Carta de la Fundación de Kuala Lumpur para criminalizar la guerra.

Tal conducta del Demandado como potencia ocupante también viola el derecho internacional consuetudinario consagrado en el Convenio de La Haya de 1907 sobre el respeto de las leyes y costumbres de la guerra terrestre y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.

Esa conducta también constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional ”.

Los cargos (junto con los detalles) habían sido debidamente notificados a los Demandados, y el Secretario los leyó en audiencia pública al comenzar el proceso.

Ninguno de los Demandados estuvo presente en este proceso, pero ambos estuvieron representados por el Equipo de Defensa de Amicus Curiae.


fotografía de los recientes bombardeos israelíes en Gaza (mayo 2021)

Extractos seleccionados

2. Caso de la Fiscalía

El caso de la Fiscalía contra el primer demandado es que éste había cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en su calidad de comandante general israelí en el control militar de los campos de refugiados de Sabra y Chatila en el Líbano ocupado por Israel en septiembre de 1982, cuando a sabiendas facilitó y permitió la masacre a gran escala de los residentes de esos dos campamentos. Estos crímenes violaron, entre otras cosas, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, la Convención sobre el genocidio de 1948, jus cogens, derecho internacional humanitario; y los artículos 9, 10 y 11 de la Carta de la Fundación de Kuala Lumpur para criminalizar la guerra.

El caso de la Fiscalía contra el segundo demandado es que desde 1948 y hasta la fecha, el Estado de Israel había llevado a cabo sistemáticamente contra el pueblo palestino una serie de actos, a saber, matar, causar graves daños corporales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física - con la intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino.

Estos actos constituyen el crimen de genocidio según el derecho internacional, incluida la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948 ('la Convención sobre el Genocidio') en particular el artículo II y punibles en virtud del artículo III de dicha Convención. También constituye el crimen de genocidio según lo estipulado en el artículo 10 de la Carta de la Fundación de Kuala Lumpur para criminalizar la guerra.

En su declaración de apertura, el Fiscal Jefe, Prof. Gurdial Singh, dijo que la Fiscalía aportará pruebas para probar los cargos en la acusación a través de testimonios orales y escritos de víctimas, testigos, registros históricos, narrativa en libros y comentarios autorizados, resoluciones de las Naciones Unidas. e informes de organismos internacionales.


6. El caso de la defensa

El Sr. Jason Kay Kit Leon, del Amicus Curiae-Defense Team, alegó que en los cargos contra los dos acusados, la Fiscalía había enumerado crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Al parecer, la Fiscalía había abandonado estos cargos, concentrándose únicamente en el genocidio.

Dijo que el delito de genocidio se define en el artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948, mientras que la OED lo define simplemente como “el asesinato deliberado de un gran grupo de personas, especialmente las de una nación o grupo étnico en particular”.

Sostuvo que la acusación de genocidio es única; significa que no te gusta un grupo, los matas; los matas de una manera grandiosa. Genocidio significa que al final del acto, usted tiene un número menor de víctimas que antes de que comenzara el genocidio.

Además, sostuvo que cuando se habla de "matanzas masivas", son muchos cientos de miles o millones de personas. Sugerir que un evento aislado, el desafortunado asesinato de 3.000 personas (Sabra y Chatila) es lo mismo que una matanza masiva, es casi una falta de respeto al verdadero horror de la matanza masiva (como en Ruanda, donde 800.000 personas fueron asesinadas en 100 días).

Con respecto al Informe Kahan, el Equipo de Defensa de Amicus Curiae dijo que también identificó a otras personas como responsables, con otros dos nombres distintos de Yaron aún vivos. La pregunta es ¿por qué solo se acusó a Yaron? ¿Por qué se salvó el ministro de Defensa, Ariel Sharon?

También afirmó que la OLP había violado repetidamente el acuerdo de alto el fuego de julio de 1981. En junio de 1982, cuando las FDI entraron en el Líbano, la OLP había hecho intolerable la vida en el norte de Israel mediante sus repetidos bombardeos de ciudades israelíes.

Sobre "Plomo Fundido" el equipo de defensa de Amicus Curiae afirmó que las FDI habían presentado dos informes. El caso es que si vas a matar a gente sin querer, no lo denuncias.

Sobre la cuestión del muro, el Equipo de Defensa de Amicus Curiae afirmó que la consideración principal es la seguridad de los colonos israelíes. El Estado de Israel tiene el deber de defender su vida, seguridad y bienestar.

Sobre el tema de los puestos de control, el Equipo de Defensa de Amicus Curiae dijo que los países tienen derecho a las leyes de inmigración. Con respecto al Plan Dalet, el equipo de defensa Amicus Curiae dijo que está sujeto a opiniones divergentes, con historiadores por un lado afirmando que era completamente defensivo, mientras que otros historiadores afirman que el plan apuntaba a una limpieza étnica.


Bombardeo israelí a la Franja de Gaza, mayo 2021

4. Comunicación final de la acusación

En su presentación final, el Fiscal General dijo que había llamado a 11 testigos (algunos de los cuales habían testificado a través de Skype), presentado 15 pruebas y presentado varios documentos e informes al Tribunal durante el curso del proceso.

Instó al Tribunal a tener en cuenta que se trata de un Tribunal de Conciencia y que el caso ante él es un caso extraordinario, que Winston Churchill solía calificar de “crimen sin nombre”.

Dijo que la Fiscalía había aportado pruebas de hechos que, examinados en su conjunto, demostrarán que los perpetradores habían cometido actos contra los palestinos, con la intención de matar, causar graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de los palestinos en su totalidad o en parte.

A partir del testimonio del profesor Pappe (PW8), la Fiscalía había demostrado que antes de 1948, antes de la Resolución 47 de la ONU, ya existía un plan para apoderarse del territorio palestino, y este plan se activaría en el momento en que los británicos renunciaran a su mandato en el territorio.

En ese momento, los palestinos ocupaban el 94% de la tierra, y la población judía se asentaba en un mero 6% de la tierra. Según el plan de partición de la ONU, más del 50% de la tierra se entregaría a los judíos.

Puede que el Plan Dalet no tenga una forma legalmente genocida en sus inicios, pero a medida que tomó forma, la limpieza étnica se transformó en asesinatos, masacres y creación de condiciones imposibles de vida para los palestinos: o se van o mueren. La Fiscalía sostiene que se trata de un genocidio en el sentido del artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio.

En Sabra y Shatila, los testigos de la acusación (PW1 y PW6) habían testificado que los refugiados palestinos en esos campos habían sido asesinados por los falangistas, ayudados e instigados por los israelíes que tenían el control total de los dos campos.

Según el Informe Kahan, todo Beirut estaba bajo control israelí y existía una clara relación simbiótica entre Israel y las fuerzas cristianas (la milicia cristiana libanesa maronita o los falangistas o keta'ib).

Sobre la "Operación Plomo Fundido" en 2008, el Fiscal Jefe dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel habían utilizado todo tipo de armas, incluido el fósforo blanco, que es un arma incendiaria. El uso de armas incendiarias está prohibido por el Protocolo III sobre prohibiciones o restricciones sobre el uso de armas incendiarias.

Como resultado de la ocupación israelí de Gaza, ningún lugar de Gaza es seguro para los civiles. 1,5 millones de palestinos están ahora atrapados en la desesperación, su frágil economía arruinada. Según la Doctrina Dahiya (octubre de 2008), la destrucción completa de Gaza es el objetivo final, todo el lugar debe ser arrasado.

La Fiscalía sostiene que el efecto acumulativo de las acciones emprendidas por el gobierno israelí, como lo demuestran los testigos de la Fiscalía y los diversos documentos presentados al Tribunal, han demostrado más allá de toda duda razonable que Israel es culpable del crimen de genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio y la Carta de la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (La Carta).

El coprocurador Tan Sri Abdul Aziz, al presentar el primer cargo contra Amos Yaron, dijo que Amos Yaron era el oficial al mando a cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel, a cargo del área de Beirut y los campamentos de Sabra y Chatila. Dijo que había dos cuestiones con las que tenía que lidiar: primero, si hubo o no una masacre a gran escala de los residentes de los dos campamentos, y segundo, si Amos Yaron facilitó y permitió tal masacre, en violación del derecho internacional y los artículos 9, 10 y 11 de la Carta?

Sobre el primer tema, afirmó que hubo una masacre a gran escala, como testificó PW1. Ella estaba allí y vio la masacre con sus propios ojos. Hubo un testimonio corroborante por parte de PW6, y además fue reconocido en el Informe Kahan.

En el segundo tema, Amos Yaron estaba a cargo, para garantizar que hubiera paz, ley y orden. El propio Informe Kahan concluyó que cualquiera que supiera sobre el Líbano sabría que al liberar a los falangistas en Beirut, se produciría una masacre. Seguramente, Amos Yaron, el general a cargo, debe haber sabido que al permitir que los falangistas entraran en los dos campos, la masacre se llevaría a cabo. Pero decidió no hacer nada.

Recibió los informes sobre el asesinato de mujeres y niños, pero no verificó el informe. No pasó el informe a sus superiores. El co-procurador sostiene que al ignorar todo esto a pesar de conocer las circunstancias, él mismo tenía la intención de causar la muerte de las personas en los dos campamentos.

10.3 Registro de criminales de guerra de la Comisión

Además, en virtud del artículo 35 del mismo Capítulo, este Tribunal recomienda a la Comisión de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur que los nombres de las dos partes condenadas en este documento se inscriban e incluyan en el Registro de Criminales de Guerra de la Comisión y se publiquen en consecuencia.

10.4 El Tribunal recomienda a la Comisión de Crímenes de Guerra que de la más amplia publicidad internacional a esta condena y otorgamiento de reparaciones, ya que se trata de crímenes universales por los cuales las naciones tienen la responsabilidad de iniciar procesos judiciales.

10.5 El Tribunal deplora que las instituciones internacionales no hayan castigado al Estado de Israel por sus crímenes y su total falta de respeto al Derecho Internacional y las instituciones de las Naciones Unidas. Insta a la Comisión a que utilice todos los medios para dar a conocer esta sentencia y en particular con respecto a los Parlamentos y Asambleas Legislativas de las principales potencias, como los miembros del G8, y a instar a estos países a intervenir y poner fin a las políticas colonialistas y racistas. del Estado de Israel y sus partidarios.




➤ Leer sentencia completa (PDF) 

(Texto en  inglés) 


Consulta:

El tribunal de Kuala Lumpur declaró culpables a Bush y Blair. Acotaciones sobre los tribunales de la sociedad civil.

Israel Charged with War Crimes and Genocide. Complete 2013 Judgment of the Kuala Lumpur Tribunal

La masacre de Sabra y Shatila.

05 mayo 2021

El genocidio que no cesa en el corazón de África (II)


Rosa Moro

Viene de la Parte I


V

Un plan que salió tal y como estaba previsto


No hay investigación, ni tribunal, ni testimonio, ni informe que se precie que ponga en duda el papel crucial del atentado contra el avión presidencial de Ruanda, cometido el día 6 de abril de 1994, como detonante indiscutible del genocidio de Ruanda.

 

         Imágenes del derribo del avión presidencial, Kigali 6 de abril 1994
 

Considerando que las matanzas fueron una reacción al magnicidio de los Presidentes de dos Estados, Ruanda y Burundi, ya bajo enorme tensión, el responsable último del inicio del genocidio es sin duda el responsable de este atentado terrorista

Podemos citar numerosos informes (1), testimonios (2), autos judiciales (3), documentos filtrados de la inteligencia ugandesa y ruandesa (4), e investigaciones que ofrecen evidencias abrumadoras que atribuyen la autoría del atentado al FPR. Pero lo más revelador es cuando el propio Paul Kagame, en una entrevista con la BBC en diciembre de 2006, reconoció que «tenía derecho a hacerlo», refiriéndose a matar al presidente Juvenal Habyarimana. 


Todo estaba tan bien planificado por el FPR y sus colaboradores internacionales que incluso tenían preparada la historia oficial que lanzar al mundo. 


Este complot que en alguna ocasión también utilizó Museveni de Uganda, maestro y mentor de Kagame, se iniciaba con la estrategia de “Talk and Fight”, los autores estaban involucrados en las conversaciones de paz que se llevaban a cabo en Arusha, Tanzania, como distracción, a la vez que planeaban el asalto al poder por sorpresa, mediante la violencia. En este plan, tenían previsto cualquier escenario posible, teniendo preparado cómo tratar las  reacciones de la ONU, la UA y los medios. Tenían perfectamente controlado qué masacres vería el mundo y cuales no, y hacia dónde huiría la gente

Todo este plan ha sido calificado por uno de los mayores expertos en esta historia, Charles Onana, como «una obra maestra de la desinformación, una intoxicación perfecta», el mundo entero se lo creyó sin cuestionar un ápice, gracias a la planificación minuciosa y la gran inversión de recursos e inteligencia en el plan.


            Paul Kagame y Hillary Clinton

La obra maestra de desinformación

A grandes rasgos, la historia oficial que se vendió al mundo, que ahora hace aguas por todas partes, dice básicamente que:

1- Los extremistas hutu asesinaron a su presidente porque estaba haciendo demasiadas concesiones a los tutsi;

2- Que la mayoría hutu ya se había preparado desde hacía tiempo para el genocidio (incluso lanzaron bulos sobre una supuesta compra masiva de machetes para la “ocasión” y la excavación de fosas comunes en sus jardines, bulos sobradamente desmentidos, incluso por el TPIR, aunque sigan circulando);

3- Que la mayoría hutu se alzó en cólera contra la minoría tutsi e intentaron matar a machetazos a todos los tutsi del país;

4- Que de Uganda llegó un salvador y su guerrilla (Kagame y el FPR) a detener las matanzas, que derrocó al gobierno “genocida” y se instaló en el poder para devolver la paz;

5- Que los genocidas huyeron al vecino Congo y desde allí iban a intentar volver a tomar el poder en Ruanda, por eso el gobierno de los “salvadores” tuvo que invadir el Congo no una, sino dos veces, para perseguir a estos genocidas y tomarse la justicia por su mano;

6- Que la ONU implantó un Tribunal Internacional para hacer justicia;

7- Que EEUU y la ONU lamentan que no tuvieron conocimiento del verdadero alcance de las masacres y por eso no intervinieron a tiempo;

8- Que ahora no hay distinción de etnias en Ruanda. Se ha prohibido por ley hacer apología del genocidio y negar el genocidio contra los tutsis, y Ruanda ya no tiene nada que ver con las masacres que ocurren en el vecino Congo.


Todos y cada uno de estos ocho puntos son mentiras 100%, elaboradas por agencias especializadas en ello. Son narrativas construidas para que el público occidental se las crea con facilidad, una tragedia con héroes y villanos, inicio, nudo y desenlace feliz, rematada con una moraleja. 

Las mejores mentiras son las que tienen pinceladas anecdóticas de verdades, ya hemos hecho alusión a esta estrategia de manipulación. Esa parte de verdad aquí es horrenda: grupos violentos de hutus se organizaron para asesinar a todos los tutsis que pudieran

Pero la parte que se oculta tras la manipulación y las mentiras bien articuladas en una narrativa fácil de engullir para mentes occidentales, no es menos horrenda: un grupo terrorista paramilitar tutsi fuertemente armado y organizado (el FPR de Kagame que llegó de Uganda y sus agentes infiltrados en las milicias e instituciones del país desde 1990, los abadaka), planificaron y se organizaron para matar a todos los hutus que pudieran.

Estados Unidos estuvo implicado hasta el fondo en todo este plan, si no a la cabeza del mismo. La administración Clinton colaboró activamente en la planificación y en la cobertura frente al mundo y la ONU. El ex secretario general de la ONU del momento, el egipcio Boutros Boutros Ghali, lo dijo abiertamente, «El genocidio de Ruanda es responsabilidad de Estados Unidos 100%».

Cada 6 de abril, políticos de todo el mundo, pero principalmente los de la administración Clinton y la administración Blair, lloran lágrimas de cocodrilo exclamando: «oh, ¡no supimos verlo venir! ¡no supimos reaccionar a tiempo!», pero la historia ha sacado a la luz documentación abundante que demuestra que lo que hicieron no solo fue un “laissez faire”, sino que intervinieron muy activamente del lado de los criminales, con dinero, formación, material, incluso tropas sobre el terreno. Con plena consciencia de lo que ocurría, EEUU y la ONU colaboraron en la elaboración e imposición de la desinformación.


Desmontando la narrativa oficial

Una de las investigaciones que desmontan la versión oficial de manera más incontestable es la de los estadounidenses Christian Davenport, entonces de la universidad de Notre Dame, en Indiana, y Allan Stam, entonces en la universidad de Michigan, que en 1998 y 1999 trabajaron tanto para la fiscalía como para la defensa en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR. Conmovidos por la historia oficial del genocidio, como muchos otros investigadores, estaban convencidos de que la ONU y la comunidad internacional no habían podido responder a tiempo a la tragedia ruandesa, porque no tuvieron capacidad de prever. Para que esto no volviera a ocurrir, era crucial comprender qué, cómo, dónde y cuándo paso exactamente lo que pasó en Ruanda. Comenzaron a trabajar convencidos de la veracidad de todos y cada uno de los puntos clave de la narrativa oficial, pero sus conclusiones pronto atrajeron el rechazo, las amenazas, la expulsión del Tribunal, la expulsión de sus puestos de trabajo respectivos y toda clase de descalificaciones en los medios internacionales

Los datos compilados demostraron que «tanto Hutus como Tutsis fueron víctimas y atacantes, muchas personas de las dos etnias utilizaron las masacres y asesinatos masivos para resolver cuestiones políticas, económicas e incluso personales». La primera comprobación sorprendente fue que no había suficientes tutsis en el país en aquel momento como para haber perecido un millón de personas (5), como se repitió durante años. Se empezó diciendo que los hutus habían matado a machetazos un millón de tutsis, pero en pocos años se bajó a 800.000 y además se concedió que no todos eran tutsis, que también fueron asesinados «hutus moderados». ¿por qué este cambio en la narrativa oficial?

Estos dos investigadores comenzaron por observar los datos administrativos más básicos como el censo de Ruanda en 1994 y descubrieron que de una población de 5.648.000 personas censadas, si el 83% eran hutus (4.687.840) y el 3% eran Twa (169.440), solamente había censados 790.720 tutsis, el 14%. Además, unos 100.000 estaban fuera del país en el momento. Al término del genocidio, oficialmente sobrevivieron unos 340.000, eso arroja una cifra de aproximadamente unos 360.000 tutsis asesinados. Cifra trágicamente alta, imposible de minimizar. Si de esas 800.000 personas, unas 360.000 eran tutsis, las otras 440.000 eran hutus…

Es más, si recurrimos a otras cifras aparecidas con posterioridad tras investigaciones rigurosas como las que llevó a cabo la Unidad Especial de Investigación del propio TPIR, cuyas averiguaciones fueron ocultadas por el tribunal hasta que fueron filtradas a la periodista canadiense Judi Rever (6), testigos clave como Theogene Rudasingwa, una figura de responsabilidad dentro del partido del FPR de Paul Kagame hasta 2004, la cifra más probable de hutus asesinados por el FPR se sitúa en torno al millón de personas solamente a partir de 1994, sin contar los previos cientos de miles de hutus y tutsis asesinados en el norte del país entre 1990 y 1994.

Estas cifras también son trágicamente altas, de hecho son increíblemente más altas, lo cual no pretende minimizar o restar importancia a las 360.000. Sin embargo, estas cifras trágicas de hutus asesinados no solo son minimizadas en la versión oficial, sino que son negadas y ocultadas. No se pueden  reconocer, no aparecen el registros “oficiales”, el mundo no las reconoce, los supervivientes no pueden llorar por ellas, so pena de cárcel y asesinato, como le pasó en febrero de 2020 al cantante Kizito Mihigo (7).


Kizito Mihigo, asesinado en la cárcel de Ruanda por reconocer también a las víctimas hutu y predicar la reconciliación en el país.

Judi Rever, en su libro In Praise of Blood, presenta un exhaustivo trabajo de investigación que demuestra que el FPR no solo cometió crímenes tan graves o más que los que cometieron los extremistas hutus, sino que planificó el genocidio contra los tutsis para cometer de forma encubierta su genocidio contra los hutu, pero el tribunal ocultó sistemáticamente todas estas evidencias y destituyó a todos los investigadores que iban recopilando pruebas para encausar al FPR, el gran aliado de EEUU.


Fuimos incapaces de ver la mentira

Un ejemplo de cómo a los informadores del momento les resultaba impensable contradecir la versión oficial perfectamente preparada y presentada al mundo por el FPR y sus aliados occidentales (8) es el de la imagen que se convirtió en una de las más icónicas de las horripilantes matanzas de 1994 en los medios internacionales, la de los cadáveres flotando por el río Kagera, en el noreste del país. 

El río marca la frontera de Ruanda con Tanzania a lo largo de parte de sus últimos kilómetros antes de llegar al lago Victoria, en Uganda. Esta escena de horror era descrita por los periodistas internacionales verdaderamente traumatizados por la visión grotesca de cientos de cadáveres mutilados y torturados, incluso de bebés, flotando en el río. Se calcula que unos 40.000 cadáveres fueron arrojados al río entre mayo y junio de 1994, desde las prefecturas del este, Byumba y Kibungo, una región que cayó bajo el control del FPR a finales de abril. Hoy en día se sabe que esos cadáveres no eran de tutsis masacrados por las milicias hutus, sino que eran de hutus masacrados por el FPR. Hechos corroborados por testigos, víctimas y ex miembros del FPR que participaron del macabro plan.


          El río marca la frontera de Ruanda con Tanzania

A pesar de conocerse que la zona estaba bajo control del FPR y que no era posible para las milicias hutu acceder a los lugares desde donde se arrojaban los cadáveres, «Seguramente cargados en camiones» como describía el New York Times, los reporteros hacían filigranas mentales para adaptar lo que veían sus ojos con la versión oficial impuesta, llegando uno de ellos incluso a escribir tras describir la escena aberrante de los cadáveres que veía y olía: «¿quién puede hacer estas cosas? El territorio (…) está bajo control del FPR, principalmente compuesto por tutsis, (…) que avanzó rápidamente hacia la zona la semana pasada» (9). Su convicción sobre la veracidad de la versión oficial no le dejaba ver que él mismo estaba demostrando que los cadáveres estaban siendo lanzados desde una zona donde ya no había milicias hutu, sino que era el FPR. Ni el corresponsal ni sus lectores eran capaces de ver con claridad estas señales tan evidentes. Así de bien funciona la manipulación y la desinformación cuando es ejercida magistralmente.


VI

Instrumentalización de los refugiados…


Mapa que ilustra la ofensiva del ataque del FPR desde Uganda en 1990. Pág. 129 de Strategie du chaos et du mensonge, de Patrick Mbeko

No fue ninguna casualidad que dos millones de refugiados ruandeses tomaron la única salida posible que les había dejado el FPR, la frontera con Zaire (hoy, República Democrática del Congo). Podemos apreciar con claridad la estrategia de la ofensiva del FPR en este mapa que muestra el investigador congoleño Patrick Mbeko en su libro ‘Stratégie du chaos et du mensonge’, página 129. Entraron por el noreste y obligaron a la población a huir hacia el oeste. 

El gran Zaire, o Congo, todavía estaba gobernado por Mobutu Sese Seko, quien había observado de cerca todas las maniobras y no dudaba de la mano oculta de sus otrora amos y protectores, los EEUU. El régimen de Mobutu acogió con nerviosismo a los dos millones de refugiados ruandeses tras el asesinato del presidente ruandés en el atentado terrorista del 6 de abril de 1994. Mobutu llevaba más de tres décadas imponiendo en el continente africano la agenda de Estados Unidos, conocía su modus operandi y había visto la confluencia de las agendas de la élite tutsi del FPR y la de las potencias anglosajonas, con Estados Unidos a la cabeza. El FPR quería conquistar el poder en Ruanda, exterminar a todos los hutu posibles para redefinir el mapa étnico de la región y anexionarse dos provincia del Congo, los Kivus. Estados Unidos tenía como objetivo final el gran Congo, el control de primera mano de todas sus riquezas y de su posición estratégica en el continente.


…Hacia el destino final, el Zaire

A partir de este momento, la deriva de Zaire fue de caída libre. De la pobreza causada por la sobre-explotación de la que venía, a la desestabilización por acoger en unos meses a millones de personas, y finalmente al caos como estrategia de balkanización o debilitamiento programado desde el exterior. Y todo, como de costumbre, ante la mirada impávida de la comunidad internacional.

Después de hacerse con el poder en Ruanda en 1994, el FPR no dejó de perseguir a la población hutu, dentro y fuera de sus fronteras. Llegó a atacar con armamento pesado campos de refugiados con cientos de miles de personas indefensas en territorio congoleño, como las masacres de Kibeho, en 1995. La comunidad internacional, en silencio. El FPR blandía la excusa de estar «persiguiendo a los genocidas hutu porque suponían una amenaza para Ruanda», pero cientos de exmilitares del FPR, testigos y supervivientes han declarado que la inmensa mayoría de los hutus asesinados eran inconfundiblemente civiles indefensos, desarmados y débiles. 


El plan de invadir el Congo para expoliarlo y debilitarlo por parte de Uganda y Ruanda, y el plan de controlar sus ingentes recursos por parte de las potencias anglosajonas era una descarada guerra de agresión, por lo que los estrategas elaboraron otra representación teatral para el exterior, mientras todo salía como lo habían planeado. Invadieron el Congo en noviembre de 1996.


Esa escenificación utilizó a una figura de poca envergadura y prácticamente desconocida hasta 1996, Laurent Desiré Kabila, en el papel de “rebelde congoleño que combatía al dictador Mobutu”. En esa representación, Ruanda y Uganda interpretaban el papel de “apoyar a los rebeldes congoleños para derrocar al déspota Mobutu”, y Ruanda, de paso, como siempre, “perseguir a los genocidas hutu que todavía podían querer atacar Ruanda, y acusaba a Mobutu de protegerlos”.

Esa rebelión construida para la ocasión como un caballo de Troya se llamó las AFDL (Alliance de Forces Democratiques pour la Liberation du Congo). Muchos lo definen como una torre de babel, totalmente desorganizada, con cada facción buscando apresurada sus intereses y ni siquiera comunicándose entre sí. Eran mercenarios que James Kabarebe, un alto rango militar del FPR, había reclutado por toda África, no había ni un 10% de congoleños. Se suponía que Laurent Kabila era quien dirigía las tropas, pero el verdadero mando era Kabarebe. Mobutu cayó en mayo de 1997, apenas seis meses después de la invasión.


     El genocidio que no cesa en el corazón de África

Instalaron en el gobierno a L. D. Kabila, que en la realidad no llegó a tomar el control del gobierno en ningún momento durante su mandato. El verdadero director de operaciones seguía siendo el ruandés Kabarebe, que era Jefe de Estado Mayor del ejército congoleño en el que se habían integrado todos los militares no congoleños reclutados por él mismo. En un intento de tomar el control del país que se suponía que presidía, L. D. Kabila destituyó a Kabarebe el 27 de julio de 1998, hecho que provocó la segunda invasión del país por parte de Ruanda y Uganda, días después, el 2 de agosto, dando comienzo a lo que se conoce como Segunda Guerra del Congo o segunda guerra mundial de África, que duró hasta 2003 y en la que llegaron a intervenir 9 países vecinos

Angola, Namibia y Zimbabue acudieron a esta guerra en apoyo de Laurent Kabila, pero la superioridad de ruandeses y ugandeses, financiados, armados, entrenados y apoyados en todas las formas posibles por Estados Unidos, atrajo en pocas semanas el refuerzo de Chad, Libia y Sudán. Siete países africanos no lograron truncar los planes de los dos delegados de las potencias anglosajonas en el continente. L. D. Kabila fue asesinado en enero de 2001. En esta segunda guerra de invasión del Congo Uganda y Ruanda llegaron a protagonizar enfrentamientos armados entre ellos por el control de ciertas minas en el este de la RDC, causando numerosas víctimas civiles congoleñas.

Testigos clave de toda esta trama señalan al FPR como responsable del asesinado de L. D. Kabila (10), fue la forma mas directa de implantar a su verdadero caballo de Troya en el Congo, el supuesto hijo de L. D. Kabila, Joseph Kabila, que venía de las filas del FPR ruandés directamente. Y con él llegó la tercera K del triunvirato criminal, el 26 de enero de 2001 Joseph Kabila fue investido presidente de Congo, la guerra no terminó, oficialmente, hasta 2003.


Desde entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña, mediante sus brazos ejecutores, los regímenes de Uganda y Ruanda y su infiltrado en el Congo, mantienen bajo tutela no solo los recursos de Congo, sino también otros intereses geoestratégicos en la región y el continente. 


Joseph Kabila, totalmente fiel a los intereses de los enemigos del este, estuvo en el gobierno desde 2001 hasta principios de 2019, en que se produjo “por primera vez, una transferencia pacífica del gobierno congoleño”, según los medios internacionales. Para los congoleños esa trasferencia no fue más que otra representación más de cara al exterior, ni democrática, ni pacífica ni trasferencia. El poder real sigue estando en manos de los mismos, las potencias anglosajonas mediante sus brazos ejecutores, Museveni y Kagame. 

Si algo está claro hoy, bien entrado el año 2021, es que Felix Tsishekedi, tampoco tiene el control del gobierno congoleño. No da un paso sin ir acompañado del embajador de Estados Unidos Michael A. Hammer, como si fuera su asistente personal. La balkanización es una sentencia que cada día está más cerca.


      Michael A. Hammer y Felix Tsishekedi


Resistencia o balcanización del Congo ¿qué solución?

Se calcula que entre los altos mandos centrales y regionales de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC, hay 35.000 cuadros del FPR ruandés, es decir, fieles a Ruanda y no a Congo. Además, con cada acuerdo de paz que ha firmado el país con sus agresores y supuestos grupos rebeldes, el Congo ha sido obligado por los mediadores internacionales a admitir en su ejército a esos mismos agresores que una y otra vez se hacen pasar por congoleños, pero que son ruandeses, comandados incluso por la Jefatura de Estado ruandesa, reclutados, entrenados, armados y mantenidos desde Ruanda con total descaro, como denuncian una y otra vez los propios congoleños, y los múltiples informes de expertos de la ONU y otros organismos internacionales. 

Dicen que en el este del país operan hoy unos 122 grupos rebeldes armados. Algunos pueden ser congoleños, lógicamente hay grupos de autodefensa contra las fuerzas de ocupación que masacran a la población literalmente cada día. 

En un clima de absoluto caos e impunidad, otros tantos serán efectivamente delincuentes que sobreviven del saqueo y la explotación ilegal de los abundantes recursos, agrediendo a la población local. Toda esta producción ilegal y criminal, según diversos informes de la ONU, es vendida a los agentes israelíes y ruandeses, desde donde salen a los mercados internacionales. 

Pero principalmente, los verdaderos agresores y responsables de este otro genocidio del que no se habla, son los comandados por el Estado Mayor ruandés, que siempre son los mismos, pero con distinto nombre. Primero fueron las FDLR, en 1996, después fue el CNDP, bajo el mando del coronel tutsi Laurent Nkunda, en 2007; después vino el M23, en 2012, comandado por el ruandés Bosco Ntanganda. Más recientemente, se llama ADF, supuesta milicia islamista ugandesa (que ni es musulmana ni habla lenguas ugandesas, sino que hablan kenyarwanda, el idioma ruandés). Uno tras otro, mantienen el caos en las zonas que Ruanda se quiere anexionar, exportan sus materias primas a través del país vecino y sobre todo, infiltran a más y más agentes ruandeses en las filas del ejército congoleño hasta el punto de haber anulado prácticamente las FARDC como defensoras de su territorio y sus ciudadanos.

Un experto en la materia, el investigador congoleño Boniface Musavuli (11), afirma:

«En Beni, es imposible ahora mismo diferenciar entre los militares del ejército del gobierno y los asesinos. Los rebeldes de la llamada ADF Nalu, por ejemplo, el último de ellos, son una especie de fuerza híbrida compuesta por delincuentes ruandeses llevados a Beni desde Ruanda, principalmente, y soldados del ejército regular de Congo, que operan como un comando paralelo de los primeros. Los asesinos nunca son pillados, sencillamente porque “el ejército” no quiere luchar contra “parte del ejército”…».


Los congoleños y congoleñas conocen de sobra cuál es la fórmula mágica para que todos estos grupos desaparezcan: dejar de resistir, permitir la desmembración del gran Congo. 


En 2008, Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Africanos de 1989 a 1993, Herman Jay Cohen, preguntado sobre posibles soluciones a la situación del África de los Grandes Lagos respondió que toda esta inestabilidad regional desaparecería en cuestión de días si el Congo accediera a desmembrarse y sus recursos pasaran a ser una especie de fondo común de los demás países de la región. Esta es la “solución” que el imperio propone. Esta es la solución que los y las congoleñas no están dispuestos a aceptar.


VII

Una impunidad asombrosa

Todos estos hechos relatados son de sobra conocidos por la llamada comunidad internacional, por los grandes medios de comunicación, por las grandes ONG y por todo analista o experto que se precie y que sea digno de tal nombre. Entonces ¿por qué no se habla de ello? ¿por qué no se actúa para detener este genocidio del que no se habla?

No solo no se habla del tema, es que el principal responsable en la actualidad, Paul Kagame y su círculo cercano, es asombrosamente impune de todo lo que haga. Su caos (constructivo) al servicio de sus padrinos las potencias anglosajonas (EEUU, Gran Bretaña y el estado sionista de Israel) sigue siendo una correa de transmisión bien engrasada, entonces, todo va bien para medios, ONG y instituciones internacionales. Kagame y sus hombres pueden asesinar a representantes de la ONU (12) cuyas averiguaciones sean molestas, puede asesinar a diplomáticos europeos (13), como el embajador italiano, en pleno 2021… nadie se atreve a interpelarle. ¿Se imaginan el tsunami mediático que hubiera causado un simple arañazo a un embajador europeo en Venezuela? Pues ni las víctimas europeas de Kagame generan reacción alguna en la civilizada Europa


El embajador Luca Attanasio es llevado al hospital donde murió poco después el 22 de febrero de 2012

Joan Carrero, una de las figuras españolas que más ha apoyado a estos pueblos africanos desde los inicios de toda esta locura, que llegó a hacer una huelga de hambre de 42 días ante el parlamento europeo en 1997 para suplicar visibilidad de esta tragedia, es autor de la que es posiblemente la mejor obra que existe hasta ahora en castellano para la comprender esta tragedia, ‘África, la madre ultrajada’ (14). El mismo autor escribía varios artículos la primera semana de marzo de 2021 estupefacto por el atronador silencio internacional ante el asesinato del embajador italiano en el Congo:

«La explicación de esta sorprendente impunidad de Paul Kagame y encubrimiento de todos sus crímenes no creo que sea, de ningún modo, la que apunta Ian Birrell: “la culpa por el fracaso del mundo en detener el genocidio”. Es un argumento demasiado gastado ya. Estas gentes no saben lo que es el sentimiento de culpa. Muchos de ellos saben muy bien que el genocidio no es algo que ellos no fueron capaces de detener, sino que sencillamente lo permitieron bien conscientemente para no interferir el avance del FPR hacia Kigali. Incluso saben, que deberían tener mayor culpa aún por haber permitido que Paul Kagame provocase un número incomparablemente mayor de víctimas que las víctimas tutsis de la primavera de 1994. ¿Por qué no deberían tener culpas también por permitir a Paul Kagame todos estos inacabables crímenes?». (15)

Y en su segundo artículo sentencia:

«En lo que respecta a la cuestión del derecho de los pueblos a su legítima defensa, el cinismo de los líderes políticos y de los creadores de opinión occidentales sobrepasa ya todo lo razonable.» (16)


La guerra más brutal, la del capitalismo

Esta es la guerra más brutal que existe. No solo por su número de víctimas, que es el más alto, solo superado por la II Guerra Mundial; ni tampoco por su duración, tres décadas y sin ver un final cercano; sino por la confluencia de todos los horrores de todas las demás guerras híbridas imperialistas que sufren los demás pueblos del planeta y más.

Aquí existe la motivación de la depredación y control de los recursos necesarios para la industria capitalista de cada momento (cuando no fue el caucho, fue el uranio, luego el coltán, ahora el cobalto, mañana será otra cosa), como Venezuela. La resistencia de un pueblo (los pueblos del este de la RDC) que prefiere morir masacrado cada día a doblegarse ante la ocupación de su tierra, como el pueblo Palestino, abandonado hasta por su gobierno central de Kinshasa, ya en manos de las potencias extranjeras.

 

Las grandes potencias anglosajonas, sus gobiernos al servicio de las grandes oligarquías financieras, nunca van a intervenir para detener estos crímenes descarnados, a no ser que sus delegados en la zona, actualmente el genocida Paul Kagame y su banda, dejen de ejercer de correa de transmisión de su dominio absoluto. Mientras esta correa de transmisión funcione, esos delegados de la zona pueden hacer lo que quieran, que ya se encargan las potencias de que no sean molestados, ni aunque comentan el genocidio más sangriento del mundo


Las grandes palabras y gesticulaciones de los medios de comunicación, de la comunidad internacional, las ONG y las instituciones internacionales como la ONU… ya no engañan a los que sufren día a día. Los y las africanas de la región se saben solos, saben que toda esta caterva de hipócritas no va a hacer nada que inquiete a los amos del mundo. 

Pero en esta guerra, además, se suma el componente del racismo: todas las instituciones, organismos, grandes ONG y medios occidentales o presididos por occidentales, adolecen de un racismo medular. Los muertos negros importan menos. La visión de la brutalidad inhumana ejercida contra cuerpos negros, no podría ser soportada si en lugar de ser sufrida por negros fuera sufrida por blancos.


           Nuestra mirada soporta estas imágenes desde hace treinta años

Resistencia

Hoy, ahora mismo, mientras ustedes leen esto, en Beni lloran impotentes y angustiados cada día a seres queridos que amanecen «degollados como conejos» sin que a nadie le importe. Llevan tantos años resistiendo la guerra más brutal, la del capitalismo, que han comprendido que el resto del mundo no va a acudir en su auxilio

En los últimos años, la movilización de las resistencias tanto de los países de la región, como en la diáspora, se han unido para denunciar sin ambages a los responsables y exigir que se establezca un Tribunal Internacional para el Congo. Congoleños, ugandeses, burundeses y ruandeses piden unidos un tribunal internacional para Congo, porque son conscientes de que si sólo se juzgasen los crímenes cometidos en el Congo por el genocida Paul Kagame y su círculo cercano, toda la región descansaría, y después vendría el resto de toda la justicia y reconocimiento que necesitan tantos millones de víctimas. Saben que si logran acabar con la impunidad de este grupo criminal, hoy la violencia acabaría. Solo acabando con la impunidad, se puede lograr la paz.

Congo se desangra, Basta de Impunidad, Ingeta (venceremos en lingala)… son sus lemas que cada día tienen más notoriedad. La unión hace la fuerza, y unidos cada día hacen más fuerza por los medios alternativos del mundo lanzando cuestiones de perogrullo ¿De qué sirven todos esos informes de la ONU que año tras año, desde principios de los 90, denuncia a los responsables, si después no se toman medidas al respecto?


          Dr. Denis Mukwege

La resistencia organizada cada día ejerce más presión para que tales informes no se olviden ni queden en papel mojado. Cada día se suma más gente a esta resistencia, intelectuales, activistas, investigadores, luchadores de todos los ámbitos. Figuras destacadas como el premio Nobel de la paz de 2018, el doctor Denis Mukwege, se ha implicado hasta el punto de poner su vida en peligro para que se implanten las recomendaciones de uno de dichos informes de la ONU, el llamado Informe Mapping, publicado en 2010, que describe las masacres cometidas por el FPR como genocidio.

Después de tantos años resistiendo, desangrándose, después de haber perdido a tantos hermanos y hermanas, hijos e hijas de la región en esta guerra, que nadie espere que los pueblos del corazón de África se rindan ni olviden.



[1] Entre otros, uno de los más importantes es el conocido como Informe Hourigan, elaborado por el entonces fiscal del TPIR, Michael Hourigan, en 1997. (ocultado por la ONU hasta 2010).

[2] Citamos tres exmiembros del FPR, que colaboraron con el atentado: Abdul Ruzibiza, Kayumba Nyamwasa y Patrick Karegeya. De los tres solo vive K. Nyamwasa, aunque ya ha sufrido 3 intentos de asesinato.

[3] La investigación del juez del tribunal de Grande Instance de Paris, Jean-Louis Brugière, que lanzó ordenes de arresto contra miembros del FPR en 2006 por el atentado en el que murieron también personas francesas, miembros de la tripulación. Y la investigación del juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu Merelles, cuyas investigación dio lugar a la emisión de 40 órdenes de detención internacional contra miembros del FPR, en 2008.

[4] Principalmente el Memorandum del Partenariat-Intwari, en el que se detallan todas las reuniones y planes que tenían por objetivo «La caza del presidente ruandés» Habyarimana y desvela lo «laborioso» que fue dicho complot.

[5] Su trabajo fue publicado en 2010, en el departamento de Sociología de la Universidad de Notre Dame, bajo el título ‘Rwandan Political Violence in Space and Time’. En el mismo se presentan comparativas de cifras de diversas fuentes, además de las oficiales del gobierno ruandés. El último censo del país databa de1992 y asumía que la población tutsi era el 8,5%, no el 14% como asumimos aquí, porque se ha acabado imponiendo en todas las versiones.

[6] Tras décadas de investigaciones, entrevistas y recopilación de datos por todo el mundo, además de recibir dos expedientes Top Secret del TPIR que le filtraron en 2003 y 2005 respectivamente, con las pruebas recopiladas por la Unidad Especial de Investigación del tribunal de Arusha, que habían sido ocultados por la fiscalía, la periodista publicó en 2018 un libro titulado ‘In Prise od Blood. The crimen of the Rwandan Patriotic Front’.

[7] El cantante de gospel era superviviente del genocidio de los tutsis, pero cuando empezó a cantar y rezar también por las víctimas hutu, igualmente asesinadas injustamente, el FPR lo detuvo y acabó asesinando en dependencias policiales el 8 de febrero de 2020 https://l-hora.org/es/victor-jara-jorge-cafrune-kizito-mihigo-washington-y-el-vaticano-joan-carrero-21-02-2020/ 

[8] Un mecanismo de esta planificación e implantación de la historia oficial al mundo que les ha valido la calificación de «obra maestra de desinformación» es el papel desempeñado por los Abadaka, cuadros civiles reclutados y formados por el FPR antes, durante y después del genocidio, que cometieron crímenes y colaboraron con el FPR para cometerlos, pero sobre todo, por su formación como quinta columna civil: se convirtieron en la única interfaz o conexión con las agencias de la ONU, ONG internacionales, investigadores, periodistas, corresponsales de guerra, académicos…que necesitaban intérpretes, conductores y chóferes, negociadores, escoltas… todas esas tareas eran asumidas por Abadakas, lo cual significa que toda su experiencia dentro del país estaba mediada por los que testigos de la Unidad Especial de Investigación del TPIR describen como una red de servicios de inteligencia civil que estaba por todas partes, en todo tipo de trabajos.

[9] Este periodista fue el británico Richard Dowden, escribiendo para The Independent, el 6 de mayo de 1994. In prise of blood, by Judi Rever, pags. 104-105.

(10) Theogene Rudasingwa, antiguo jefe de inteligencia de Kagame, ahora exiliado, asegura que Kagame -y sus masters- es también responsable del asesinato de Laurent Kabila, según unas declaraciones hechas en Bruselas en 2012, en que aseguraba que es incomprensible que Kagame sea aplaudido por todo occidente cuando es el único presidente del mundo que ha asesinado a cuatro presidentes y sigue en el cargo con total impunidad. (Habla de Ndadaye en 1993, Habyarimana y Ntaryamira en 1994 y Laurent Kabila en 2001).

(11) Miembro del Think Tank africano DESC-WONDO, Boniface Musavuli es autor de dos trabajos de investigación claves para comprender la situación del este de su país, de donde es originario. Les Massacres de Beni. Kabila, le Rwanda et les fax islamistes, 2014 y Les Génocides des Congolais. De Léopold II à Paul Kagame, 2016.

(12) El 12 de marzo de 2017, dos expertos de la ONU la chilena Zaida Catalan y el estadounidense Michael Sharp, fueron asesinados en la RDC por hombres armados. La ONU aún no ha encontrado a los culpables, y se acusa al organismo internacional incluso de haber ocultado pruebas de la investigación de los hechos.

(13) El 22 de febrero de 2021, el embajador italiano Luca Attanasio fue asesinado en la provincia de Kivu Norte de la República Democrática del Congo. El oficial paramilitar italiano Vittorio Iacovacci, que viajaba con el embajador, y su conductor congoleño Moustapha Milambo también murieron en este ataque.

(14) Carrero Saralegui, Joan: África, la madre ultrajada. La verdad sobre el conflicto de los Grandes Lagos que las potencias occidentales se empeñan en ocultar. Ed Milenio. 2010.

(15) ¿La UE tolerará que Kagame asesine incluso a altos diplomáticos europeos? (I) [Joan Carrero, 01.03.2021]  https://l-hora.org/es/la-ue-tolerara-que-kagame-asesine-incluso-a-altos-diplomaticos-europeos-i-joan-carrero-01-03-2021/ 

(16) ¿La UE tolerará que Kagame asesine incluso a altos diplomáticos europeos? (II) [Joan Carrero, 07.03.2021]  https://l-hora.org/es/la-ue-tolerara-que-kagame-asesine-incluso-a-altos-diplomaticos-europeos-ii-joan-carrero-07-03-2021/ 



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