por Greg Guma
Título original en inglés:
"Overkill: The Deadly Illogic of Gun Rights"
Este artículo es continuación de:
¿Qué serían los EEUU sin el crimen y las armas impulsando la economía?
En la anterior entrada revisamos principalmente los puntos de vista de quienes mantienen la defensa a la libre tenencia de armas como derecho inalienable consagrado en la Constitución de los Estados Unidos bajo la Segunda Enmienda. En este segundo reportaje sobre la temática hemos seleccionado una ponencia clara y sencilla que explica las razones legales por las que los partidarios del porte de armas mal interpretarían el texto constitucional.
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Cuando un adolescente o un adulto perturbado comete un asesinato en masa, no tiene nada que ver con la libertad. Sin embargo, dado que el arma suele ser una pistola, muchas personas en los EE. UU. esencialmente responden que la libertad de estar armado es más importante que el derecho a estar seguro. De hecho, millones afirman que estar armado es la única forma de estar seguro. Como la mayoría de los argumentos contra el control de armas, es cruel e ilógico.
Durante décadas, los líderes de los grupos de derechos de armas han hecho el mismo caso. Afirman, por ejemplo, que lo único que separa a los estadounidenses de las personas que viven en dictaduras es su acceso irrestricto a las armas. Si el gobierno tiene todas las armas, dicen, los ataques contra ciudadanos indefensos serán tan comunes en los Estados Unidos como lo son en los países oprimidos. Esta es una de las razones por las que los propietarios de armas se oponen a la prohibición de los llamados rifles de asalto.
¿Te suena esto familiar? Ciertamente debería. El mismo argumento todavía es presentado por aquellos que dicen que no se puede hacer nada para detener los tiroteos masivos como los recientes en Texas y el norte del estado de Nueva York. También advierten que la única forma de evitar un estado policial aquí, que mucha gente dice que está a punto de suceder, es permitir la distribución amplia y no regulada de todo tipo de armas.
Esta idea, que asume que cualquier regulación es el primer paso hacia la confiscación, representa una mentalidad paranoica e individualista que durante décadas ha dominado el debate sobre la violencia armada en los EE. UU.
Somos libres, dice el argumento, solo mientras podamos defendernos con armas, no solo contra los criminales sino también contra la ley y el Estado.
Un argumento relacionado es que no se debe permitir que el gobierno federal regule las armas; este es un asunto que es mejor dejar en manos de los estados. Y si un estado no quiere hacer nada, tal vez porque el cabildeo de las armas puede derrotar a los candidatos que respaldan incluso reformas modestas, o porque la tasa de criminalidad no está aumentando o no ha habido tiroteos masivos recientemente, la gente en los estados vecinos simplemente debe gastar más dinero para acabar con el crimen y la violencia. Es solo el precio de la libertad.
Tales posiciones se basan en la noción de que el gobierno no debe entrometerse en los asuntos de los individuos. Las armas no son el problema, agregan los opositores, son las personas, en otras palabras, la naturaleza humana. Pero la mayoría de los homicidios en los EE. UU. se cometen con armas de fuego; en otras palabras, las personas con armas matan a más personas que las que no las tienen.
Hay 393 millones de armas de fuego de propiedad privada en este país, casi 100 millones más en los últimos diez años. También ha aumentado el uso por parte de los niños, así como el acopio de armas exóticas por parte de grupos extremistas y organizaciones criminales. Tres de cada diez adultos estadounidenses dicen que actualmente poseen un arma, y otro 11% dice que personalmente no posee un arma, pero vive con alguien que sí.
La propiedad de armas es más común entre los hombres que entre las mujeres, y los hombres blancos son particularmente propensos a ser propietarios. Entre los que viven en áreas rurales, el 46% dice que son dueños de armas, en comparación con el 28% de los que viven en los suburbios y el 19% en áreas urbanas. También hay diferencias significativas entre los partidos, con republicanos e independientes de tendencia republicana con más del doble de probabilidades que los demócratas y aquellos de tendencia demócrata de decir que poseen un arma.
Teniendo en cuenta todo esto, parece justo preguntarse ¿qué es más amenazante para la libertad y la seguridad, la posesión de armas sin restricciones o alguna supervisión del gobierno?.
Los argumentos en contra de la regulación tienden a caer en tres categorías:
1) el derecho a portar armas está protegido constitucionalmente,
2) el control de armas no reducirá la violencia en la sociedad; y,
3) las leyes de armas son una seria amenaza para la libertad.
Pero, ¿estas afirmaciones resisten el escrutinio?
Las raíces de las ideas estadounidenses tradicionales sobre la relación entre las armas y la sociedad en realidad se remontan a siglos atrás, al filósofo político florentino Niccolo Machiavelli, quien señaló que el servicio militar debería ser responsabilidad de cada ciudadano, pero el de soldado no debe ser la profesión de ninguno. Basándose en el recelo romano hacia los soldados profesionales, llegó a la conclusión de que la fuerza militar solo debía utilizarse para asegurar el bien común.
Esta idea de ciudadanos portando armas en defensa del Estado, para evitar la tiranía potencial de un ejército permanente, fue traducida por los autores de la Declaración de Derechos en la Segunda Enmienda y ayuda a explicar su redacción inusual:
“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Muchos libertarios han interpretado esta oración en el sentido de que se garantiza a las personas el derecho a poseer armas de fuego para su defensa personal o para cualquier otro uso que elijan. Lo que esto no reconoce es el significado de ciudadanía tal como se entendía hace dos siglos y medio.
En el siglo XVIII, la ciudadanía involucraba directamente el servicio de milicias para hombres, que era parte del compromiso con el bien público mayor. Una ciudadanía armada no significaba una población armada. De hecho, incluso entonces se entendió claramente que el acceso a las armas era un derecho comunitario más que individual.
Esta dinámica quedó clara en varias declaraciones de derechos anteriores a la Declaración de Derechos. Por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, decía que una milicia bien regulada, entrenada para armar, era la defensa segura de un Estado libre. Eso y las variaciones posteriores adoptadas por otros estados dejaron claro que la idea era formar ciudadanos, organizados en milicias, previendo una defensa común. La palabra “pueblo” se refiere a este rol colectivo, contrastando una milicia con un ejército permanente.
El artículo 17 de la Declaración de Derechos de Vermont, adoptada en 1777, siguió esta lógica al proclamar: “Que el pueblo tiene derecho a portar armas para su defensa y la del Estado; y como los ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos para la libertad, no deben mantenerse; y que los militares deben ser mantenidos en estricta subordinación y gobernados por el poder civil”.
El Artículo 9 de Vermont, que abordaba el tema de la objeción de conciencia al servicio militar, dejaba en claro que “portar armas” significaba servicio militar. Dijo que nadie podía ser obligado a portar o usar un arma, aunque los derechos también involucraban el servicio personal. La solución fue que aquellos que optaron por no servir pagarían una suma de dinero adecuada. Portar armas estaba directamente ligado a la responsabilidad colectiva de la defensa.
Varios estados dijeron específicamente que los criminales o las personas involucradas en rebeliones podrían ser desarmadas. En otras palabras, la seguridad de la sociedad primaba sobre el derecho del individuo a tener armas.
Así, cuando los primeros estadounidenses hablaban del papel de una ciudadanía armada en la preservación de la libertad, hablaban de una milicia ligada a la idea clásica de ciudadanía. No hay constancia de que nadie argumentara, durante la aprobación de la Declaración de Derechos, que las personas tenían derecho a portar armas fuera de las filas de una milicia. Al contrario, eso provocó temor por la estabilidad de la nueva República.
El gran comentarista constitucional de la época, el juez Joseph Story, señaló que lo que en realidad garantizaba la Segunda Enmienda era una “milicia bien regulada”. El temor era que sin una el país podría ser vulnerable a una invasión, una insurrección interna o una toma militar por parte de algún gobernante. Necesitábamos una milicia, dijo Story, porque no era práctico mantener a la gente armada sin alguna organización.
El miedo a una sociedad militarizada o a un monopolio de la fuerza por parte del gobierno federal no es, por definición, una forma de paranoia. Por otro lado, es una extralimitación afirmar que las personas tienen el derecho fundamental de protegerse almacenando armas.
Para aquellos que quieren una fuerza contraria a nuestro gobierno nacional, la dirección a buscar es una mayor autonomía de las milicias locales o estatales organizadas, no el derecho de las personas a convertirse en guardianes o vigilantes autoproclamados.
A pesar de la interminable repetición de reclamos de que los individuos tienen el derecho constitucional a estar armados, esto no es consistente con el peso de la opinión legal. De hecho, varios casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos han dejado la situación bastante clara. En US v. Cruikshank (1876), la Corte dictaminó que el derecho “a portar armas con un propósito lícito no es un derecho otorgado por la Constitución”. Diez años después, en Presser v. Illinois, la Corte señaló que aunque los estados tienen derecho a formar milicias, también son libres de regular las circunstancias bajo las cuales los ciudadanos pueden portar armas. Este punto de vista fue confirmado en un caso de 1894, Miller v. Texas.
En 1939, se impugnaron las regulaciones federales sobre armas establecidas por la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934. La decisión en ese caso fue unánime. El gobierno federal tiene el derecho, dictaminó la Corte, de regular el transporte y la posesión de armas de fuego, y las personas solo tienen derecho a estar armadas en relación con el servicio militar. En 1980, el juez Harry Blackmun comentó que este caso representaba el pensamiento básico de los tribunales sobre el control de armas.
El 8 de junio de 1981, la aldea de Morton Grove, Illinois, aprobó una ordenanza que prohibía la posesión de armas de fuego, excepto por parte de la policía, funcionarios de prisiones, miembros del ejército, coleccionistas reconocidos y aquellos que las necesitaban para su trabajo. Como era de esperar, la Asociación Nacional del Rifle desafió la ley. Tanto el Tribunal Federal de Distrito como un Tribunal Federal de Apelaciones rechazaron su argumento, diciendo que no existe un derecho individual a portar armas, que la ordenanza era razonable y que el derecho a portar armas se aplica solo a las milicias bien reguladas. La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó incluso a escuchar el caso.
El sentimiento a favor de alguna forma de control de armas fluctúa, pero ha tendido a crecer durante décadas. En 1968, el 71% estaba a favor, alcanzando un máximo de más del 90% en 1981. En una encuesta de Gallop, Brady Bill obtuvo el apoyo del 95%. La mayoría de la gente obviamente ve alguna conexión entre la disponibilidad de armas de fuego y la tasa de delitos que involucran armas, y una variedad de estudios respaldan estos puntos de vista. Sin embargo, los opositores insisten en que leyes más estrictas no tendrán impacto.
El tráfico interestatal de armas es un problema enorme, lo que socava el argumento que a veces se escucha de que la única razón para el control de armas es una alta tasa de homicidios en un estado específico. Este argumento provinciano ignora la interdependencia, nuestra responsabilidad hacia nuestros vecinos y hechos básicos. La forma más efectiva de controlar el mercado negro de armas, a través de exhibiciones de armas y ventas privadas, es un registro nacional de compradores, junto con el rastreo y enjuiciamiento de los traficantes interestatales. Esto no implica reunir armas de fuego. Pero sí significa reconocer que la situación está fuera de control y que salvar vidas tiene prioridad sobre proteger una forma de libre empresa que se ha vuelto monstruosa.
Dejar el asunto en manos de comunidades o estados individuales puede parecer apropiadamente populista. Pero evita el problema. Hace diez años, las armas estuvieron involucradas en más de 32.000 muertes en EE. UU., 11.100 de ellas asesinatos, así como en miles de violaciones, cientos de miles de robos y cerca de medio millón de agresiones. En 2020, 45,222 personas murieron por lesiones relacionadas con armas, según los CDC.
La mayoría de las personas condenadas por delitos violentos obtienen sus armas en ferias de armas o en el mercado negro. Esto sugiere que las verificaciones de antecedentes por sí solas no harán una gran mella en el problema. Pero una reducción del veinte por ciento sería significativa: menos niños asesinados cada día y menos violaciones y asesinatos.
Muchos delitos que involucran armas son impulsivos, lo que sugiere que un período de espera ayuda. Por supuesto, también deben abordarse las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia. Pero para aquellos que podrían salvarse con reformas modestas, eso sería más significativo que cualquier estadística o eslogan.
A la NRA le gusta decir que “las armas no matan a la gente, la gente mata a la gente”. Es un pequeño argumento ordenado, pero seamos realistas: las personas con armas pueden matar a personas mucho más rápido y sin esfuerzo que las personas con cuchillos, habilidades de lucha mortales o veneno.
El FBI ha reunido evidencia sobre si las leyes más estrictas marcan la diferencia. Por ejemplo, después de que Massachusetts aprobara una ley que exige una sentencia de prisión obligatoria por portar un arma de fuego sin licencia, los asesinatos con armas de fuego se redujeron en casi un 50%. Los robos se redujeron en un 35%. Después de que Carolina del Sur endureciera su requisito de compra de armas de fuego en la década de 1990, la tasa de homicidios se redujo en un 28%.
El registro y la verificación de antecedentes por sí solos no resolverán el problema. Sin embargo, pueden mantener las armas fuera del alcance de algunos delincuentes, adictos y niños. También pueden reducir el número de asesinatos y suicidios que resultan de poder comprar un arma en un estado de ira o depresión. Las licencias de conducir y el registro de automóviles no previenen todos los accidentes automovilísticos, pero ayudan. Para conducir un automóvil, un vehículo potencialmente peligroso, estamos de acuerdo en que las personas deben estar debidamente capacitadas y cumplir con los estándares mínimos. Requisitos similares, en forma de programas de seguridad de armas y pruebas prácticas para los propietarios de armas letales, serían un paso hacia la cordura nacional.
Ninguna libertad es absoluta. Incluso en la sociedad más descentralizada y autogestionada, las personas deben aceptar algunas responsabilidades y límites sociales a cambio de libertad. Idealmente, en una sociedad libre los ciudadanos participan directamente en la elaboración de las normas que rigen su contrato social. Pero incluso Michael Bakunin, un filósofo anarquista que llevó la práctica de la libertad a un lugar que algunos podrían considerar extremo, no ignoró la importancia de la responsabilidad social. El ser humano solo puede realizar su individualidad libre complementándola a través de todos los individuos que lo rodean, argumentó. Bakunin despreciaba el tipo de individualismo que afirma el bienestar de una persona o grupo en detrimento de los demás. “El aislamiento total es la muerte intelectual, moral y material”, escribió.
Cuando un adolescente o un adulto perturbado comete un asesinato en masa, no tiene nada que ver con la libertad. Las personas obviamente no tienen derecho a abusar o destruir las vidas y libertades de los demás. Sin embargo, dado que el arma suele ser una pistola, muchas personas responden argumentando esencialmente que la libertad de estar armado es más importante que el derecho a estar seguro. De hecho, millones afirman que estar armado es la única forma de estar seguro.
Permitir que el gobierno de cualquier paso, argumentan los opositores a la regulación de armas, es el comienzo de la tiranía. Desde este punto de vista, el gobierno es el enemigo. Sería ingenuo argumentar que el gobierno siempre usa su poder sabiamente. El sistema político clama por el cambio, si no por la transformación, si queremos tener una sociedad que promueva la igualdad real, la justicia, el respeto a la diversidad y la autogestión. Sin embargo, lograr esto, empoderar a las personas y avanzar paso a paso, requiere apelar a la esperanza en lugar del miedo. Argumentar que la única forma de ser libre es oponerse y resistir al gobierno, en otras palabras, el rechazo instintivo, les hace el juego a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.
La sospecha del poder centralizado fue claramente una preocupación de quienes crearon el país. Todavía está justificado y es relevante. Pero la forma que más amenaza la libertad en el siglo XXI es el poder de grupos y organizaciones poderosos que no rinden cuentas, la mayoría de ellos privados, que pueden influir en las elecciones y dar forma a las políticas gubernamentales. Muchos de estos mismos intereses argumentan agresivamente que la libertad significa “libertad del gobierno”. Tales apelaciones son una forma conveniente de prevenir intrusiones en el “derecho” privado de obtener ganancias y contaminar a expensas de la salud y el bienestar general, de explotar en nombre de la libertad.
El resultado final es el siguiente:
Una regulación eficaz, combinada con una base de datos nacional integral y un programa de capacitación serio para usuarios de armas, establecería con el tiempo que un menor acceso a las armas lleva a un crimen menos violento. Este ha sido el caso en Europa y algunos estados de EE.UU. El éxito también ayudaría a romper el mito de que el gobierno es el problema y que las personas están mejor armadas hasta los dientes y por su cuenta.
El debate sobre las armas no se trata de restringir los derechos. Esa es la historia de portada, una suposición promovida por el lobby de las armas para dar forma a las percepciones públicas. Ni siquiera se trata de "control". El objetivo es la seguridad, la libertad del miedo y la ansiedad que se extienden por esta sociedad sobre-armada.
Una milicia bien regulada es una idea altruista, ciertamente preferible al complejo militar-industrial. Pero casi 400 millones de armas en manos privadas es, perdonen la expresión, una exageración.