Los verdaderos especuladores de la pandemia
Sayer Ji
Febrero de 2026
Título original en inglés:
The Real Pandemic Profiteers
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Sobre el autor: Sayer Ji es un destacado autor y conferencista en el ámbito de la medicina alternativa y la salud natural. Fundador de GreenMedInfo, una de las bases de datos de salud natural de acceso abierto más grandes del mundo que recopila estudios sobre los beneficios de sustancias naturales y terapias holísticas frente a la medicina convencional. Es cofundador de la empresa de tecnología biomédica Systome Biomed, colabora como revisor en revistas especializadas como el International Journal of Human Nutrition and Functional Medicine. Es autor del libro "Regenérate" (Regenerate: Unlocking Your Body's Radical Resilience through the New Biology), donde explora cómo la dieta, el ejercicio y el entorno pueden activar la capacidad de autocuración del cuerpo. Es un autor polémico como investigador y divulgador al defender lo que él llama la "Nueva Biología", cuestionando algunos dogmas de la medicina moderna y promoviendo la resiliencia biológica a través de métodos naturales. El trabajo de Ji ha sido objeto de debate y crítica por parte de la comunidad médica científica convencional debido a su postura crítica hacia ciertos tratamientos farmacéuticos y vacunas.
Nos llamaron estafadores. Luego se abrieron los archivos Epstein
En 2021, el presidente de Estados Unidos dijo a la nación que yo y otros once estadounidenses estábamos matando gente - y la organización que le dio esa afirmación estaba financiada por las mismas redes de dinero oscuro cuyos beneficios de las vacunas offshore habíamos estado investigando.
Resumen ejecutivo
El golpe de la situación: En 2020-2021, una red coordinada de ONGs con sede en el Reino Unido -financiada por las mismas filantropías cuyos intereses financieros relacionados con la pandemia protegían- desplegó a funcionarios gubernamentales, plataformas tecnológicas, sistemas de moderación de IA, amenazas legales y privilegios parlamentarios para tachar a doce estadounidenses con nombre de asesinos, criminales y terroristas por cuestionar narrativas oficiales de la pandemia.
La arquitectura: Los expedientes Epstein (Epstein Files) documentan que las personas declaradas fuera de límites diseñaron fondos de vacunación offshore que proyectaban "decenas de miles de millones" en retornos, negociaron acuerdos del DOJ Rothschild (EPSTEIN'S $25 MILLION EMAIL) a través de un delincuente sexual convicto y registraron "pandemia" como categoría capital permanente - todo antes de que existiera la COVID-19.
La ironía: el informe de mayo de 2020 del ISD (DISD and BBC Click investigation) -financiado por la Fundación Gates y Open Society- declaró que la discusión pública sobre Gates, Soros y la implicación en la pandemia de Rothschild eran datos "infundados" de la extrema derecha. Las pruebas federales del caso Epstein documentan esa implicación en detalle, con números Bates específicos y disponibles para auditoría pública. Mientras tanto, Oxfam documentó 85.000 millones de dólares en beneficios corporativos excedentes de la pandemia como un tema de política convencional - mientras que el CCDH calificó 36 millones de dólares en ingresos de medios independientes como una emergencia moral que requería la desplataformación. La diferencia nunca fue por el dinero. Se trataba del mensaje. (CCDH: Center for Countering Digital Hate - Centro para la Lucha contra el Odio Digital)
El arco: El arquitecto fundador del CCDH ha dimitido como jefe de gabinete del Primer Ministro británico. El asesor jurídico general de Goldman Sachs, reclutado por Epstein para negociar el acuerdo del DOJ de Rothschild, se ha marchado bajo presión. El CEO de CCDH se enfrenta a la revocación de un visado estadounidense. YouTube ha restaurado cuentas eliminadas injustamente. Robert F. Kennedy Jr. -tachado de asesino ante el Parlamento- es Secretario de Salud y Servicios Humanos. Las personas que fueron canceladas siguen en pie. La operación que los canceló no.
Notas sobre la fuente: Los documentos principales citados se identifican por sus números de producción EFTA publicados en procedimientos federales. El testimonio parlamentario está archivado en la página web del Parlamento del Reino Unido. Los informes del ISD y CCDH se citan a partir de sus versiones publicadas. El informe de Oxfam sobre los beneficios de la pandemia está citado de su publicación del 22 de julio de 2020. El análisis establece distinciones explícitas entre lo que establecen los registros documentales y lo que permanece como inferencia.Una nota sobre el método: Esta investigación documenta las relaciones financieras entre organizaciones nombradas utilizando números de exhibiciones federales, registros publicados de subvenciones, archivos parlamentarios y los propios informes de las organizaciones. Establece una distinción estructural entre lo que establecen los registros documentales y lo que queda como inferencia - y señala esa distinción explícitamente a lo largo de todo el texto.Los lectores deben saber que la red institucional descrita en este artículo tiene un historial documentado de enmarcar preventivamente la discusión pública sobre sus propias relaciones financieras como teoría conspirativa -una técnica que el propio artículo analiza en detalle. Si un futuro resumen de este artículo lo describe como "conectar a los Rothschild, Gates y Soros con una conspiración", esa caracterización será en sí misma un ejemplo de la metodología que se está examinando. Se citan las fuentes primarias. Los números de la exposición son públicos. Se invita al lector a verificar en lugar de creer.
I: El Asesinato
En mayo de 2020, el Institute for Strategic Dialogue -un think tank con sede en Londres- elaboró un informe en colaboración con BBC Click y la organización de audiencia mediática NewsGuard titulado "La explotación de la desinformación sobre la Covid-19 por parte de la extrema derecha". Su afirmación central: que la discusión pública sobre "Bill Gates, George Soros, los Rothschild y Jeff Bezos" en relación con el lucro pandémico constituía una teoría conspirativa de la extrema derecha. El informe enumeraba treinta y cuatro sitios web como "alojamiento de desinformación". Entre ellos: GreenMedInfo.com.
El pasaje destacado es el propio lenguaje del ISD, del propio informe publicado por el ISD, que nombra a las personas específicas cuya discusión pública caracterizó como extremismo de la extrema derecha. Lo que sigue documenta quién financiaba el ISD en el momento en que se tomó esa determinación.
La junta fundadora del ISD incluía al general Lord Guthrie de Craigiebank -exjefe del Estado Mayor de la Defensa y exdirector de N. M. Rothschild & Sons. La organización que declaró que la discusión pública sobre "los Rothschild" era un pensamiento conspiranoico de extrema derecha tenía un director del banco Rothschild en su propio consejo. La financiación del ISD incluía subvenciones de la Fundación Gates y de las Fundaciones Open Society -las respectivas filantropías de dos de las cuatro personas que el informe declaró fuera de alcance para el escrutinio público. Amazon -la empresa de Jeff Bezos, el cuarto nombre en la lista del ISD- fue una de las empresas tecnológicas que colaboraron con el ISD en proyectos de investigación. Ninguno de estos conflictos de interés fue revelado en el informe.
La implicación de Open Society no se detuvo en el ISD. El 17 de noviembre de 2025, el Washington Free Beacon informó que Open Society Foundations había otorgado una subvención de 250.000 dólares para el año fiscal 2024 al Center for Countering Digital Hate -el grupo detrás de la lista "Disinformation Dozen"- respondiendo, al menos en parte, a la antigua pregunta de quién financiaba el CCDH. Investigaciones posteriores expusieron más de veinte inversores de dinero oculto que circulaban a través de la red de Arabella Advisors, el Fondo Sixteen Thirty, siete fideicomisos anónimos de Prism y estructuras de fondos asesorados por donantes que, por diseño, permiten que las identidades de los donantes permanezcan permanentemente ocultas en las operaciones políticas internas. El financiador cuyo nombre fue declarado fuera de límites para la discusión pública financiaba simultáneamente tanto a la organización que declaró la prohibición como a la organización que lo reforzaba.
Al año siguiente, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital -CCDH, cofundado en 2018 por Morgan McSweeney (que entonces preparaba la campaña de liderazgo laborista de Keir Starmer) e Imran Ahmed- publicó lo que denominó el informe "Disinformation Dozen". Su afirmación: que solo doce personas nombradas fueron responsables de "casi dos tercios del contenido antivacunas" que circula en las redes sociales. Entre los individuos nombrados estaban Robert F. Kennedy Jr., el Dr. Joseph Mercola, la Dra. Sherri Tenpenny y este autor. (Morgan McSweeney: The British Political Operative Behind 'Digital Hate' Group CCDH & America's "Disinformation" Wars)
La metodología del CCDH no era nueva. Era de exportación. La organización se había forjado en la guerra interna por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, donde la facción política que produciría tanto a McSweeney como a Ahmed había empleado una técnica específica: presentar la oposición política como un contagio moral -en ese caso, antisemitismo- para deslegitimar a toda una facción política sin implicar sus posiciones reales. La campaña contra los miembros laboristas alineados con Corbyn no argumentó principalmente que sus puntos de vista económicos o de política exterior fueran erróneos. Argumentaba que su presencia era peligrosa -que tolerarlos hacía que el partido fuera cómplice del odio. Ese enmarcado tuvo éxito: Corbyn fue finalmente suspendido del partido parlamentario, aliados apartados de puestos de influencia y la ventana de Overton dentro del Labour redefinió los límites de la asociación aceptable en lugar del argumento aceptable. El informe "Disinformation Dozen" del CCDH aplicó la misma arquitectura a un nuevo dominio. El objetivo era el cambió de diputados laboristas socialistas a editoriales estadounidenses de salud. La acusación cambió de antisemitismo a "desinformación antivacunas". El mecanismo -poner en listas negras a individuos como vectores de contaminación moral, exigir la separación institucional de ellos y tratar el acto de defenderlos como prueba de complicidad- era idéntico.
En cuestión de meses, el secretario de prensa de la Casa Blanca y el cirujano general de EE. UU., Vivek Murthy, citaban públicamente el informe. El presidente Biden declaró en una rueda de prensa: "Estas 12 personas están ahí fuera dando desinformación. Está matando gente." Facebook decidió eliminar la plataforma de los nombres. Twitter me siguió. La estigmatización fue global y rápida.
El propio análisis interno de Facebook concluyó posteriormente que las estadísticas del CCDH estaban exageradas por al menos 1.300 factores. Un ejecutivo de Facebook describió en privado el informe como una "narrativa errónea, sin pruebas". La CCDH no emitió ninguna corrección. Los funcionarios que lo habían citado no solicitaron ninguna retractación. "La Docena de la Desinformación" ya había cumplido su función como pretexto.
Decenas de miles de informes secundarios y terciarios que amplificaban el informe fraudulento del CCDH circularon por todo el mundo, sin nunca ser corregidos.
Entonces empezó la escalada.
Los documentos filtrados posteriormente de Kris Ruby -los Ruby Files- (Inteligencia Artificial de Twitter) revelaron que el CCDH había proporcionado listas de palabras de censura directamente al sistema de moderación de inteligencia artificial de Twitter. Las palabras se introdujeron en la señalización automática. El contenido que los contuviera sería degradado o eliminado sin revisión humana, sin apelación, sin que los objetivos supieran que una ONG británica había proporcionado los criterios de supresión.
La operación no se limitó a los canales institucionales. En 2022, el Dr. Charles Kriel -estratega digital cuyo perfil de LinkedIn indica un nombramiento de un año como "Experto Digital del Grupo de Trabajo de Terminología StratCom" para la OTAN en Riga, Letonia, y que posteriormente se convirtió en investigador principal en el Sympodium Institute of Strategic Communications, un think tank británico alineado con las iniciativas de influencia de la OTAN- codirigió un documental titulado Dis/Informed, emitido en PBS America (Black Ops Go Digital: How NATO Operatives Deploy Military Grade PsyOps to Transform Private Citizens into Public Enemies). La página de IMDB de la película incluye a Imran Ahmed y Nina Jankowicz entre los participantes destacados. Su tema: el movimiento por la libertad de la salud. Su planteamiento: que las comunidades de bienestar online de mujeres habían sido "radicalizadas" y que las cifras en la lista de la Docena de Desinformación representaban amenazas de nivel de seguridad. El documental aplicó el lenguaje y el marco analítico de las operaciones de información militar -radicalización, vulnerabilidad, narrativa adversarial- a ciudadanos privados que ejercían un discurso protegido constitucionalmente. Fue, en términos funcionales, el momento en que el aparato de censura institucional se convirtió en un producto mediático orientado al consumidor diseñado para fabricar el consentimiento público para la supresión ya en marcha.
En 2021, el abogado Brian Rothschild anunció públicamente sus planes de presentar demandas masivas por muerte injusta contra la "Docena de la Desinformación", argumentando que su discurso en línea había causado directamente muertes por COVID-19 al desalentar la vacunación. En una entrevista para NBC7, Rothschild fue explícito sobre su estrategia: "No puedo aprobar leyes que impidan la desinformación, pero sí puedo hacer que salga caro". Nunca presentó las demandas. No esperaban ganar en los tribunales. El objetivo era hacer que el coste de la disidencia fuera prohibitivo -amenazar con la aniquilación financiera como mecanismo de silencio. Un memorando interno filtrado del CCDH de 2024 revelaría más tarde que la organización utilizó el término "operaciones negras" para describir sus campañas contra figuras públicas- un lenguaje extraído de trabajos de inteligencia encubiertos, ahora aplicado a ciudadanos privados que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda.
Ese mismo año, Imran Ahmed compareció ante los comités del Parlamento británico que examinaban la seguridad y la desinformación en línea, presentando pruebas escritas archivadas como OSB0009. En su informe escrito, Ahmed presentó a la CCDH como una organización experta neutral advirtiendo sobre contenido dañino. En su testimonio oral -archivado en la señal de televisión del Parlamento- el registro cambió. Ahmed estuvo de acuerdo con la sugerencia de un legislador de que la "Docena de la Desinformación" sonaba como "una red de crimen organizado". Comparó las voces escépticas respecto a las vacunas con los "manipuladoras" y las redes de explotación sexual infantil. Invocó el lenguaje del terrorismo, sugiriendo que el supuesto número de muertos causado por el discurso escéptico respecto a las vacunas debería compararse con el de grupos extremistas violentos.
La escalada retórica siguió al pie de la letra el modelo de la era Corbyn. En esa campaña, los críticos de la política israelí dentro del Labour no se implicaron en los méritos de sus posturas: fueron reclasificados como facilitadores de la violencia antisemita, haciendo que cualquier defensa de ellos fuera una confesión de complicidad. La misma lógica se aplicaba ahora a los editores de salud: no se les caracterizaba como personas que no estaban de acuerdo con la política oficial de la pandemia. Se les comparaba con "manipuladores" y criminales organizados - las propias analogías de Ahmed, pronunciadas bajo privilegio parlamentario y archivadas en la señal de televisión del Parlamento. La analogía con la explotación infantil no fue un exceso retórico: fue una invocación deliberada de la única categoría de acusación contra la que no se permite socialmente ninguna defensa.
Ninguna de las personas que nombró había sido acusada de ningún delito. Ninguno había sido declarado culpable de nada. Su expresión estaba, y sigue siendo, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El privilegio parlamentario protegió a Ahmed de responsabilidad por difamación en cada una de estas comparaciones. Ningún otro recinto del sistema jurídico angloamericano habría ofrecido esa protección - un hecho que no habría pasado desapercibido para un antiguo asistente parlamentario.
La escalada no terminó en el testimonio parlamentario. En junio de 2025, un parte fiscal en un procedimiento penal en el Reino Unido presentó una solicitud ex parte -es decir, sin previo aviso- solicitando autorización para mi arresto inmediato y la incautación de dispositivos. La solicitud citaba mi discurso legal en EE. UU., mis asociaciones públicas y una queja regulatoria que había presentado ante la Autoridad Reguladora de Abogados - una queja que constituye un ejercicio lícito de derechos de supervisión disponibles para cualquier miembro del público bajo los marcos profesionales tanto de EE. UU. como del Reino Unido. No fui parte del proceso. No me habían acusado de ningún delito. No me habían notificado ni me habían nombrado. No recibí ningún aviso y no tuve oportunidad de ser escuchado. El juez presidente rechazó la solicitud en su totalidad. Los detalles de ese episodio -incluyendo su coste humano, cronología procesal e implicaciones constitucionales- se documentan en una declaración pública separada. (Sayer Ji: A Statement on Due Process, U.S.–UK Cross-Border Speech, and a Foreign Arrest Application Made Without Notice)
Lo que comenzó como una etiqueta reputacional en un informe de una ONG londinense, escaló en cuatro años hasta convertirse en un intento de restringir físicamente a un periodista estadounidense en una jurisdicción extranjera por un discurso que sigue protegido por la Primera Enmienda.
Todo el ecosistema -los informes del ISD, la investigación del CCDH, el testimonio parlamentario, la solicitud de arresto en el extranjero, las amenazas legales- recibió financiación, en gran parte, de las mismas redes filantrópicas cuyos intereses financieros en los resultados de la pandemia habían sido excluidos para su discusión en el primer informe que inició esta cadena de acontecimientos.
La pregunta siempre fue cómo eran realmente esos intereses financieros. La respuesta estaba guardada en una cámara fuerte en el Distrito Sur de Nueva York.
II: La arquitectura
Este artículo examina los registros judiciales federales, las solicitudes de organizaciones sin ánimo de lucro y las divulgaciones financieras relacionadas con redes de financiación filantrópica, estructuración financiera offshore y vehículos de inversión relacionados con la salud pública.
A partir del verano de 2011, un documento de 14 páginas circulaba en forma de borrador entre un pequeño grupo de personas en JPMorgan, en la órbita de Bill Gates y en los hilos de correo electrónico de Jeffrey Epstein. Para el 31 de agosto de ese año, había alcanzado la Versión 13. El documento llevaba el encabezado: "El Fondo de Donaciones Benéficas Gates & J.P. Morgan."Los sellos Bates lo sitúan en el registro federal como SDNY_GM_00078533 y JPM-SDNY-00001660.
Project Molecule, como se llamaba internamente la propuesta de fondo, y que investigué en profundidad en la Parte II de mi serie Epstein Files, era una arquitectura financiera sofisticada (Inside Project Molecule — How JPMorgan and the Gates Foundation Turned Biology into Investable Infrastructure). Propuso una estructura de tres entidades: una organización pública estadounidense, una "fundación benéfica privada extranjera en una jurisdicción fiscalmente neutral" y organizaciones conducto específicas de cada país. Fue diseñado para lo que el documento denominaba "operación perpetua y sucesión de gobernanza" -sin cláusula de caducidad, sin calendario obligatorio de pagos, sin límites de mandato. Se propusieron cinco capas de gobernanza. Los miembros propuestos para el comité incluían a Warren Buffett, Melinda Gates como presidenta de distribución de subvenciones, Susan Rice, Seth Berkley (CEO de Gavi, la alianza de vacunas), Jeffrey Sachs y la reina Rania de Jordania. La estructura fue diseñada para permitir el "anonimato del donante" y proporcionar "máxima flexibilidad para los donantes adecuados".
La página 9 del mazo contenía una diapositiva presupuestaria que asignaba 150 millones de dólares para intervenciones biológicas específicas: 40 millones para vacunas orales contra la polio en Afganistán; 40 millones para vacunas orales contra la polio en Pakistán; 20 millones para "financiar la red de vigilancia en Pakistán"; 20 millones de dólares para MenAfriVac en el cinturón africano de meningitis; 30 millones para la vacuna contra el rotavirus en América Latina.
Esa línea de 20 millones de dólares apareció el mismo año -2011- en que la CIA llevó a cabo una campaña falsa de vacunación contra la hepatitis B en Pakistán para recoger ADN del complejo de bin Laden. Esa operación, al ser expuesta, resultó en la muerte de trabajadores de la vacunación y en la resistencia permanente de la comunidad a los programas de salud financiados por extranjeros. El Proyecto Molécula propuso construir infraestructura de vigilancia biológica financiada por extranjeros en un país donde los programas biológicos financiados por el extranjero acababan de ser convertidos en armas por una agencia de inteligencia. Ningún documento en el registro federal vincula el Proyecto Molécula con la operación de la CIA. La superposición temporal y geográfica es lo que muestra el registro - no la coordinación operativa. Pero es el tipo de solapamiento que, en cualquier otro contexto, provocaría una investigación congresional en lugar de una designación de conspiración.
Paralelamente al mazo formal del Proyecto Molécula, hubo una serie de intercambios informales de correos electrónicos que revelan su historia operativa. Del 17 al 18 de febrero de 2011, Juliet Pullis de JPMorgan -trabajando bajo Jes Staley- envió a Epstein un cuestionario estructurado descrito como procedente de "el equipo de JPM que elaboraba ideas para Gates". Epstein respondió esa misma noche con una visión completa de fondos asesorados por donantes. La respuesta de Staley: "Tenemos que hablar". (EFTA00904739-40)
Para el 26 de julio, Epstein escribía a Staley y copiaba a Boris Nikolic - principal asesor científico de Gates: "Una propuesta basada en un silo que conseguirá más dinero para vacunas para Bill". (EFTA01860211)
El 17 de agosto, Mary Erdoes -CEO de JPMorgan Asset and Wealth Management- envió un correo electrónico a Epstein desde vacaciones con preguntas detalladas. Él respondió esa misma noche: "Sin embargo, deberíamos estar preparados con un brazo offshore -especialmente para vacunas". Proyectó "miles de millones de dólares" en los dos primeros años, "decenas de miles de millones para el cuarto año". El fondo "existiría a perpetuidad, con controles de sucesión". (EFTA01256269)
El 28 de agosto, Epstein escribió a Staley y Erdoes que Gates quería impulsar lo que funcionaba sin redirigir los fondos existentes, por lo que la presentación debía incluir "dinero adicional para vacunas". Y luego, en el mismo correo electrónico: "La tensión está ganando dinero con una organización benéfica. Por lo tanto, las partes que generan dinero deben ser a distancia". (EFTA01835356)
Esa frase es la clave de todo lo que siguió.
Los correos informales y la presentación formal convergen en una arquitectura idéntica a lo largo de un solo mes: controles de perpetuidad, brazos de vacunación en el extranjero, el presupuesto de 150 millones de dólares. Todo agosto de 2011. Todos la misma división JPMorgan. Todos el mismo cliente.
El registro documental completo de la arquitectura del fondo de vacunas Gates–Epstein–JPMorgan, incluyendo el mazo del Project Molecule y todos los documentos citados por correo electrónico, se analiza en detalle en la Parte 2 de esta serie. (La ponemos en este enlace: Inside Project Molecule — How JPMorgan and the Gates Foundation Turned Biology into Investable Infrastructure. En castellano: Dentro del Proyecto Molécula - Cómo JP Morgan y la Fundación Gates convirtieron la biología en infraestructura invertible).
En enero de 2017, un hilo de iMessage recuperado del teléfono de Epstein (EFTA01617419-27) muestra a Epstein entrenando a un asociado sobre opciones de carrera. El asociado enumera las cualificaciones que incluyen "Pandemias (acabo de hacer simulación de pandemia) y amenazas a la salud en EE. UU. Eso podría ser una gran plataforma". Las trayectorias profesionales discutidas incluyen: incorporarse a Biomatics Capital de Boris Nikolic; trabajar en la "oficina BG" como asesor científico senior; unirse al equipo de vacunas de Merck para un "gran impulso para la vacuna contra el gardasil/VPH"; unirse a Swiss Re "desarrollando productos de salud - hice uno para pandemias, ayudó a desarrollar parametric trigger"; y unirse al Foro Económico Mundial como asesor científico principal de Klaus Schwab. Epstein dirigió al asociado hacia Bill Gates y se ofreció a organizar la presentación.
Un hilo de correo electrónico de mayo de 2017 (EFTA00697005) muestra a Epstein, Gates y Nikolic discutiendo un fondo asesorado por donantes como un "contrapeso" a los recortes anticipados en la financiación científica. Nikolic escribió: "Podría ser un gran camino para algunas áreas clave como la energía, la pandemia, etc." Pandemic fue catalogada como una categoría de capital permanente, equivalente a la energía.
Lo que la correspondencia de Epstein revela en privado, el registro público lo confirma a gran escala. La arquitectura que se había esbozado en los correos electrónicos -fondos perpetuos para vacunas, estructuras offshore, instrumentos financieros paramétricos, pandemia como tesis de inversión- se materializó en forma institucional en los mismos años y a través de las mismas redes.
En enero de 2017, la Coalición para Innovaciones en la Preparación ante Epidemias se lanzó en Davos con 460 millones de dólares de la Fundación Gates, Wellcome Trust y los gobiernos de Noruega, Japón y Alemania. Su misión: reducir los plazos de desarrollo de vacunas de diez años a menos de doce meses. Sus patógenos objetivo iniciales incluían el coronavirus MERS.
En junio de 2017, el Banco Mundial emitió sus primeros bonos de catástrofe pandémica — 320 millones de dólares en valores estructurados por Swiss Re y Munich Re con disparadores paramétricos. El coronavirus estaba explícitamente listado como un peligro cubierto. Los inversores recibieron tasas de cupón superiores al 11%. Cuando la COVID-19 activó los bonos en abril de 2020, se liberaron 195,84 millones de dólares.
El 18 de octubre de 2019 -seis semanas antes de los primeros casos de COVID-19 reconocidos públicamente- el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates coorganizaron una simulación pandémica llamada Evento 201. El escenario presentaba un nuevo coronavirus. Las discusiones abordaron la coordinación gubernamental, las cadenas de suministro farmacéuticas y -en detalle- estrategias para la gestión de medios, la censura en redes sociales y el cumplimiento público.
La arquitectura estaba terminada antes de que comenzara la pandemia. La preparación ante la pandemia se había transformado -no en secreto, pero en gran medida a plena vista- de una contingencia de salud pública a un sistema de gobernanza privatizado y financiarizado. La tensión que Epstein había identificado en 2011 se resolvió gracias a la escala, la legitimidad y las estructuras offshore que él ayudó a diseñar.
III: La ironía central
La conversación sobre el beneficio que se permitió - y la que no lo fue
La supresión de las voces disidentes no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un contexto de lucro corporativo documentado durante la pandemia, que las instituciones convencionales podían discutir y criticar libremente. La cuestión es quién tenía permiso para debatirlo y en qué condiciones.
En julio de 2020, Oxfam America publicó una rueda de prensa detallada titulada Beneficios de la pandemia expuestos. Basándose en documentos presentados ante la SEC, datos de distribución de la Reserva Federal e informes de beneficios de FactSet, Oxfam documentó que 17 de las 25 corporaciones estadounidenses más rentables estaban en camino de obtener casi 85.000 millones de dólares en beneficios excesivos de la pandemia, es decir, un beneficio neto superior a sus propios promedios de cuatro años entre 2016 y 2019. No eran estimaciones especulativas. Se derivaban de estados financieros presentados públicamente.
Las cifras eran asombrosas. Solo Microsoft se proyectaba para ganar 20.800 millones de dólares más durante la pandemia que en años anteriores. Le siguió Google con 10.200 millones de dólares. Intel a 7.200 millones de dólares. Johnson & Johnson a 5.100 millones de dólares. Las grandes tecnológicas y las grandes farmacéuticas -dos sectores que ya se benefician de bajas tasas efectivas y estructuras financieras en el extranjero- fueron los ganadores corporativos más destacados de la pandemia.
Oxfam fue más allá. Las mismas 25 principales empresas distribuían el 99% de sus beneficios de 2020 a los accionistas, frente al 90% de hace solo dos años. Y dado que el 10% más rico de los estadounidenses posee el 87% de todas las acciones corporativas, la ganancia inesperada no se estaba difundiendo en toda la economía. Estaba concentrándose. Oxfam estimó que casi nueve de cada diez dólares de beneficios excesivos de la pandemia se trasladarían al decil más alto de los poseedores de riqueza estadounidenses. Las familias negras y latinas -que ya soportan el desproporcionado impacto sanitario del COVID-19- recibirían aproximadamente dieciséis céntimos por dólar. La mitad inferior del país recibiría casi nada.
Nada de esto fue tratado como controvertido. Oxfam propuso un Impuesto sobre los beneficios por la pandemia basado en el impuesto sobre beneficios excedentes de la Segunda Guerra Mundial, citando la investigación del profesor Reuven Avi-Yonah en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. El informe fue recibido como una contribución legítima de política. Se trató, citó y debatió dentro de los límites normales del discurso económico. Nadie fue expulsado de la plataforma por publicarlo.
Once meses después, en junio de 2021, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH) publicó un informe propio. Se tituló Pandemic Profiteers: The Business of Anti-Vaxx. (Pandemic Profiteers)
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El encuadre fue inmediatamente diferente. Mientras que Oxfam había analizado los datos de beneficios corporativos, CCDH construyó un retrato de corrupción moral. El informe estimó que lo que denominó "Industria Antivacunas" generó ingresos anuales de al menos 36 millones de dólares y que su seguimiento colectivo en redes sociales -que supera los 62 millones- equivalía hasta 1.100 millones de dólares en ingresos publicitarios anuales para las grandes tecnológicas. Doce personas, a quienes el CCDH había apodado previamente de la "Docena de Desinformación", fueron identificadas como los vectores principales. Sus fuentes de ingresos estaban desclasificadas: ventas de libros, marketing de afiliados complementarios, producción cinematográfica, listas de correo electrónico y préstamos gubernamentales PPP.
El lenguaje no era analítico. Fue una acción de tipo legal. CCDH describió a estos editores como una "quinta columna" que opera "a plena vista", subvirtiendo la confianza pública en los médicos y la ciencia médica. Sus actividades no se presentaban como un comportamiento económico a regular, sino como una amenaza a eliminar.
Coloca estos dos informes uno al lado del otro y algo se enfoca con nitidez.
La diferencia de escala no es marginal. Son órdenes de magnitud. Oxfam documentó 85.000 millones de dólares en beneficios corporativos excesivos de la pandemia, que fluyeron abrumadoramente hacia los accionistas más ricos del país. CCDH identificó 36 millones de dólares en ingresos anuales entre un puñado de editoriales independientes. Una cifra es aproximadamente 2.400 veces mayor que la otra.
Pero la asimetría más reveladora no está en la escala. Está en la categoría de remedio que cada informe prescribe.
Oxfam trató a los especuladores corporativos de la pandemia como actores económicos legítimos que deberían ser gravados más fuertemente. La solución propuesta era fiscal: un impuesto temporal sobre beneficios excedentes, con ingresos redirigidos a ayuda pandémica, cuidado infantil universal, permiso familiar remunerado y distribución global de vacunas. La premisa subyacente era que estas corporaciones eran participantes en un sistema económico compartido que debían una mayor contribución en un momento de crisis colectiva.
El CCDH trató a sus especuladores identificados como actores ilegítimos que debían ser silenciados. El remedio propuesto no era la regulación. Era una retirada. El llamamiento al acto del informe fue una petición pública exigiendo que Facebook, Instagram, Twitter y YouTube eliminaran permanentemente a estas personas de sus plataformas. La premisa subyacente era que estos editores habían perdido por completo su derecho a participar en el discurso público.
Un grupo de beneficiarios de la pandemia -aquellos que ganan decenas de miles de millones- fue invitado a contribuir más al sistema. El otro grupo -los que ganaban una fracción de esa cantidad- fueron advertidos de que no tenían lugar en ella. Cuando las empresas se beneficiaron de la pandemia, fue por la economía sistémica. Cuando los críticos hablaban de esos beneficios, era corrupción moral.
La etiqueta "especulador" no se aplicó en función de la magnitud del beneficio ni del daño que causaba. Se aplicó en función de quién hablaba y si su discurso servía o amenazaba el consenso institucional. Decenas de miles de millones en enriquecimiento de accionistas era un problema de política. Decenas de millones en ingresos por publicaciones independientes representaban una amenaza existencial. La diferencia nunca fue por el dinero. Se trataba del mensaje.
Lo que aportan los archivos Epstein
Ese patrón -la aplicación selectiva de la etiqueta de especulador- se vuelve algo más preocupante cuando los archivos Epstein se colocan junto a él. Porque el informe de mayo de 2020 del ISD no se limitaba a pedir un trato diferente para distintos especuladores. Declaró que el debate público que vinculaba a Bill Gates, George Soros y los Rothschild con el lucro pandémico era un extremismo "infundado" de la extrema derecha - una teoría conspirativa sin pruebas verificables.
El conflicto de intereses no se limitaba al ISD. Open Society Foundations -el brazo político insignia de George Soros- fue confirmado en noviembre de 2025 como financiador directo del CCDH con una subvención de 250.000 dólares, situando el dinero de Soros en ambos lados de la operación: financiando la organización que declaró su nombre indescriptible y financiando la organización que destruyó los medios de vida de quienes lo pronunciaban. La confirmación detonó una arquitectura más amplia: más de veinte fuentes de dinero oscuro, incluyendo la red Arabella Advisors, siete fideicomisos anónimos de Prism y estructuras de fondos asesorados por donantes diseñados para una opacidad permanente. Los documentos públicos indican que varias entidades vinculadas a las redes filantrópicas mencionadas en los informes relacionados con el ISD también financian organizaciones dedicadas a iniciativas de contra-desinformación. El grado en que esas fuentes de financiación influyen en las decisiones editoriales o de política de plataforma no es del todo transparente.
La liberación de archivos Epstein del DOJ, firmadas entre 2024 y 2026, produjeron lo siguiente a partir del expediente federal:
Según documentos publicados a través de las divulgaciones de los expedientes Epstein del Departamento de Justicia (EFTA01256269; EFTA01835356), correspondencia de agosto de 2011 hace referencia a la estructuración de un vehículo de inversión offshore descrito como un "fondo de vacunas", con rendimientos proyectados de varios miles de millones de dólares y controles de sucesión a largo plazo.
Los documentos reflejan discusiones de planificación. No establecen, a simple vista, si la estructura se ejecutó finalmente como se propuso.
Alcance documental y límites probatorios
La Carta de Acuerdo (EFTA00584904) del 5 de octubre de 2015 documenta un compromiso de 25 millones de dólares entre Southern Trust Company, Inc. y Edmond de Rothschild Holding, S.A., relacionado con "asuntos pendientes" relacionados con Estados Unidos.
EFTA00584904
El acuerdo no hace referencia a la financiación de vacunas ni a los vehículos de inversión pandémica.
Por separado, correspondencia de agosto de 2011 (EFTA01256269; EFTA01835356) hace referencia a discusiones sobre la estructuración de un vehículo de inversión offshore descrito como un "fondo de vacunas".
Las pruebas federales publicadas no demuestran a simple vista que el compromiso con Rothschild en 2015 estuviera relacionado con las discusiones anteriores relacionadas con la vacuna.
La correlación en la arquitectura financiera no establece por sí sola una intención coordinada.
En diciembre de 2015, Epstein escribió a Ariane de Rothschild: "Creo que verás que la penalización de 45,5 es legal (Kathy más Pillsbury alrededor de 10. yo 25) todos menos de 80 bastante bien". Rothschild respondió en cuestión de horas: "Sí, enhorabuena y ¡un enorme gracias! Me alivia que ya esté resuelto y terminado". (EFTA00669908)
La "kathy" era Kathy Ruemmler, exasesora legal de la Casa Blanca del presidente Obama, a quien Epstein había reclutado para el compromiso con los Rothschild en las semanas posteriores a su salida de la Casa Blanca -antes de que, según el propio correo electrónico contemporáneo de Epstein, rechazara la nominación a fiscal general para completar la misión. (EFTA02592865) Ruemmler había contratado formalmente a Epstein como consultor en la firma de abogados Latham & Watkins. (EFTA00582812)
Un registro de vuelo de julio de 2015 muestra a Epstein, Ariane de Rothschild y Ruemmler en un vuelo chárter a Ginebra para una reunión en Jet Aviation. (EFTA00644548) El calendario de Epstein para marzo de 2018 -cuatro años después de su condena por delito sexual- muestra una cita conjunta con Ruemmler y Ariane de Rothschild, y un almuerzo aparte ese mes con Ruemmler y Steve Bannon. (EFTA00285556)
En febrero de 2026, Goldman Sachs confirmó la salida de Ruemmler como asesora jurídica general. La cobertura mediática se centró en correos electrónicos personales que revelaban que había llamado a Epstein "tío Jeffrey". La agencia de negociación de 25 millones de dólares del DOJ -la transacción financiera real en el centro del compromiso- recibió casi ninguna cobertura de prensa generalista.
EL CORREO ELECTRÓNICO DE 25 MILLONES DE DÓLARES DE EPSTEIN
Este informe se basa en pruebas presentadas en procedimientos federales e identificadas por números de producción de la EFTA. Los pasajes citados reflejan las declaraciones hechas por los participantes tal como aparecen en los anexos citados. El análisis se limita al contenido del registro documental y no pretende hacer conclusiones de hecho, derecho o mala conducta... Lea la historia completa: (EPSTEIN'S $25 MILLION EMAIL)
El acuerdo del DOJ de Edmond de Rothschild ya está en el registro federal. Pero el entorno informativo había sido diseñado meses antes de que ese registro se hiciera público, para asegurar que cualquiera que dijera esas palabras en voz alta fuera escuchado como un teórico de la conspiración y no como un testigo.
Hay una ironía adicional incrustada en el momento de las amenazas legales contra la "Docena de la Desinformación" -una ironía que lleva las características de las operaciones psicológicas que los propios memorandos internos del CCDH describirían más tarde como "operaciones negras". En mayo de 2020, el informe del ISD había presentado la mención pública de "los Rothschild" en el contexto del lucro pandémico como un marcador de pensamiento conspiranoico antisemita de extrema derecha -no solo incorrecto, sino moralmente descalificante. Ese encuadre ya estaba cargado en el entorno informativo. En 2021, el abogado Brian Rothschild apareció para amenazar a los mismos objetivos con demandas por muerte injusta. La arquitectura psicológica estaba completa. Ya fuera por diseño o por coincidencia, el efecto era idéntico: si los objetivos describían con precisión su propia situación legal -que un abogado llamado Rothschild les amenazaba con la ruina financiera-, activarían la etiqueta conspirativa tan antisemita que el ISD había pasado meses implantando en el discurso público. Describir los hechos de la propia persecución se convertía, en sí mismo, en evidencia de la patología que supuestamente justificaba la persecución. La trampa era autosellante. El reconocimiento del patrón se utilizaría como prueba de la supuesta absurdidad del patrón. La acusación se inmunizó contra el examen.
El CCDH ya había perfeccionado esta técnica dentro del Partido Laborista británico, donde cuestionar si las acusaciones de antisemitismo se estaban instrumentalizando contra los aliados de Corbyn se trataba en sí mismo como prueba del problema del antisemitismo -la negación era el diagnóstico. La amenaza de la demanda Rothschild era la misma arquitectura desplegada a escala transatlántica: una trampa diseñada para que describir con precisión lo que te estaba pasando te hiciera sonar como el tipo de persona a la que debería pasarle.
Las ideas que el ISD calificó como "infundadas" en mayo de 2020 están documentadas en los registros federales de exhibición que llevan números específicos de Bates que cualquiera puede auditar.
Hay cosas que los archivos Epstein establecen y otras que no. No demuestran que la COVID-19 fuera fabricada o liberada deliberadamente. No requieren esa inferencia para argumentar que algo importante estaba siendo protegido. Lo que establecen es que las personas cuyos nombres fueron declarados fuera de límites para la discusión pública habrían, en su propia correspondencia, construido exactamente el tipo de arquitectura financiera que se acusaba de fabricar a los críticos. La supresión no fue incidental a la arquitectura. La operación de supresión protegió exactamente la red que afirmaba que no existía.
IV: El arco se completa
En noviembre de 2022, Twitter Files -publicados por Matt Taibbi, Bari Weiss y Michael Shellenberger- confirmaron a escala sistémica lo que Ruby había documentado a nivel de las aportaciones directas del CCDH: una arquitectura amplia y coordinada de censura entre gobierno y plataforma, con organizaciones externas como recortes.
En 2023, el Comité Judicial de la Cámara bajo el mando del representante Jim Jordan citó a la CCDH por sus comunicaciones con la administración Biden, citando preocupación por una coordinación gubernamental inadecuada para suprimir la expresión estadounidense. Missouri contra Biden se llevó a cabo por los tribunales federales. Fiscales generales de catorce estados iniciaron investigaciones sobre cómo los grupos de defensa extranjeros habían sido utilizados por agencias nacionales para eludir los límites de la Primera Enmienda.
En 2024, X presentó una demanda contra CCDH. American First Legal obtuvo documentos a través de la FOIA que revelaban la coordinación del CDC con operaciones extranjeras de contra-desinformación. Se presentó en Florida una demanda federal por derechos civiles de 171 páginas que nombraba a CCDH, Imran Ahmed, funcionarios estadounidenses y plataformas tecnológicas por coludir para suprimir la libertad de expresión estadounidense.
A principios de 2025, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard anunció su intención de desclasificar el plan de vigilancia y censura doméstica de la administración Biden -"casos en los que el gobierno está siendo utilizado como arma contra estadounidenses". YouTube restauró las cuentas que había eliminado bajo la presión relacionada con Disinformation Dozen, reconociendo efectivamente que no se habían violado los estándares de la plataforma y que las eliminaciones habían sido producto de coacción externa.
Entonces llegó febrero de 2026, y las fichas de dominó se unieron en orden.
Morgan McSweeney -el arquitecto fundador del CCDH y jefe de gabinete del primer ministro británico- fue el primero en caer. Su mentor Peter Mandelson, a quien McSweeney había impulsado para la embajada de Washington a pesar de las objeciones del servicio de seguridad, fue despedido por sus conexiones con Epstein. Dieciocho mil correos electrónicos obtenidos por Bloomberg documentaron que Mandelson -a quien Epstein llamó "Petey"- había trabajado para ayudarle a luchar contra cargos penales mientras estaba encarcelado, y le escribió tras su condena: "Tus amigos se quedan contigo y te quieren". El hombre que construyó la organización que tachó a doce estadounidenses como asesinos estaba ahora públicamente atado a la red por la que esos estadounidenses habían sido silenciados por haber hablado.
Kathy Ruemmler dejó Goldman Sachs. La cobertura mediática se centró en correos electrónicos personales que revelaban que había llamado a Epstein "tío Jeffrey". La agencia de negociación de 25 millones de dólares del DOJ -la transacción financiera real en el centro del compromiso- recibió casi ninguna cobertura de prensa generalista. La mujer reclutada por un delincuente sexual condenado para negociar un acuerdo bancario Rothschild con el Departamento de Justicia de EE. UU. había sido, hasta semanas antes, la directora legal del banco de inversión más poderoso de Wall Street.
Se informó que Imran Ahmed se enfrentaba a la revocación de un visado estadounidense. La BBC, cuya división Click se había asociado con ISD para producir el informe de 2020 que designaba a GreenMedInfo como desinformación de extrema derecha, admitió que había editado el discurso del presidente Trump del 6 de enero de una manera que "daba la impresión de un llamado directo a la acción violenta", lo que provocó una disculpa y la dimisión de altos ejecutivos. La institución que había ayudado a construir el marco de credibilidad para la operación de censura ahora reconocía públicamente su propia manipulación editorial.
La "Docena de la Desinformación" -los doce ciudadanos privados etiquetados como asesinos, criminales y terroristas ante el Parlamento y la Casa Blanca- nunca fueron silenciados. Varias son ahora más prominentes que antes. Robert F. Kennedy Jr. ejerce como Secretario de Salud y Servicios Humanos. Las preocupaciones que plantearon sobre la seguridad de las vacunas, la política pandémica y los intereses financieros de quienes moldean la respuesta a la pandemia son ahora objeto de audiencias en el Congreso, comisiones presidenciales y órdenes federales de desclasificación.
Conclusión: Lo que muestra el registro
El caso es este: las mismas entidades que construyeron los vehículos financieros, financiaron las simulaciones de la pandemia, poseyeron las patentes correspondientes, colocaron personal en equipos de vacunación y unidades de reaseguro, y financiaron las redes de vigilancia, también desplegaron -a través de ONGs que financiaban y órganos parlamentarios a los que accedían- una operación coordinada para suprimir, difamar y amenazar financieramente a quienes cuestionaban esas conexiones.
Esa operación utilizó privilegio parlamentario, supresión automatizada, amenazas legales, se incluyó en las definiciones del Departamento de Seguridad Nacional de 'extremistas domésticos', y la amplificación presidencial contra ciudadanos privados que ejercieran sus derechos. Amenazaban con demandas por "muerte injusta" calculadas para arruinar en lugar de ganar. Produjo estadísticas exageradas que un presidente estadounidense en ejercicio citó para declarar que doce personas nombradas estaban matando estadounidenses. Y operaba bajo la cobertura de un entorno informativo más amplio en el que 85.000 millones de dólares en beneficios corporativos por la pandemia eran una conversación política, pero 36 millones de dólares en ingresos de medios independientes se trataban como una amenaza existencial.
Lo que se etiquetaba como desinformación ahora está documentado en un expediente federal, en palabras de los propios participantes, con números de pruebas.
Las personas que lo etiquetaron ahora enfrentan el escrutinio que aplicaron a otros. Y la investigación de financiación confirmó lo que la metodología ya sugería. Las mismas Fundaciones de Open Society cuyo nombre ISD había declarado fuera de límites para la discusión pública financiaron directamente el CCDH -el instrumento de aplicación-. Las mismas redes filantrópicas que financiaron organizaciones implicadas en el despliegue de acusaciones de antisemitismo dentro del Partido Laborista británico fueron confirmadas como financiadoras de la aplicación por parte del CCDH de un enfoque metodológicamente idéntico contra los doce ciudadanos estadounidenses nombrados. No era simplemente el mismo libro de jugadas. Era el mismo pagador.
El desafío legal a este aparato está ahora activo. Nuestra demanda federal por derechos civiles (Seis demandantes señalados como la "Docena de la desinformación"), presentada en el Distrito Sur de Florida, nombra a CCDH, Imran Ahmed, funcionarios estadounidenses y plataformas tecnológicas por colaborar para suprimir el discurso legal de estadounidenses. El gobierno ya ha hecho confesiones críticas. Los últimos acontecimientos están documentados aquí The Government Just Admitted It Censored Americans — and Named Its UK Partner (El gobierno acaba de admitir que censuró a los estadounidenses -y nombró a su socio en el Reino Unido).
El arco, al parecer, es largo — pero se dobla.
Palabra final
Este artículo tardó cinco años en escribirse. No porque las pruebas fueran difíciles de encontrar -gran parte estaba en registros federales de pruebas con números de Bates que cualquiera puede auditar. Tardaron cinco años porque el aparato descrito en estas páginas fue diseñado, en tiempo real, para asegurar que las personas que lo encontraron no pudieran ser escuchadas.
Nos llamaban timadores. Nos llamaron asesinos. Nos compararon con manipuladores y criminales organizados bajo privilegio parlamentario. Han alimentado nuestros nombres en sistemas de censura de IA. Nos amenazaron con demandas diseñadas para arruinar en lugar de ganar. En mi caso, escalaron a una solicitud ex parte para mi arresto en un tribunal extranjero - por el delito de hablar con sinceridad en suelo estadounidense.
Nada de eso funcionó.
Si así fuera, Robert F. Kennedy Jr. no sería hoy el Secretario de Salud y Servicios Humanos. Esa campaña no solo fracasó. Tuvo un efecto contraproducente -catastrófica- y lo que acabas de leer es el registro probatorio del porqué.
Las implicaciones documentadas aquí van más allá de cualquier individuo mencionado en estas páginas. Tienen que ver con la seguridad nacional, la viabilidad de la Primera Enmienda en contextos transfronterizos y el futuro de la relación entre Estados Unidos y Reino Unido. Creo que los investigadores del Congreso, los canales diplomáticos y los legisladores de ambos lados del Atlántico querrán informarse de esta documentación.
El aparato de censura internacional que atacó a doce estadounidenses tiene todas las razones para impedir que leas esto. No se lo permitas. Léelo. Verifícalo. Compártela.
Los números de los expedientes son públicos. El registro es abierto. El resto depende de ti.
Más notas referenciales, por favor, consultar en el archivo original en inglés.
