Introducción por el editor del blog
Partamos por identificar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Asad Ahmad Khan (abogado británico, nacido en Edimburgo - Escocia), especializado en derecho penal internacional y su aplicación para los derechos humanos. Khan acusa no solo a Israel de cometer crímenes de guerra; también señala a Palestina por librar una guerra contra Israel usando tácticas terroristas. No queremos debatir esto, porque no hay comparación entre las acciones del estado israelí que emanan de los órganos de gobierno y la resistencia armada palestina ante la ocupación. Evidentemente, los crímenes de Israel son cuantitativa y cualitativamente mucho peores que los del movimiento Hamás.
Karim Khan y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya solicita órdenes de arresto en "un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamas que corre en paralelo". Hay que acotar que conforme el Derecho Internacional, la lucha armada de Palestina legítimamente se encuadra en la resistencia armada ante una potencia con fuerzas de ocupación. Los palestinos -de cualquier facción- tienen derecho a defenderse, incuestionable; y esa ha sido la característica de todo legítimo movimiento de liberación nacional en el mundo.
¿A quién solicita las ordenes de arresto? La solicitud de órdenes de arresto debe ser evaluado por tres jueces en una sala de cuestiones preliminares de la CPI, quienes emitirán las respectivas medidas cautelares (órdenes de arresto), sería inverosímil, un escándalo si no lo hicieran.
Benjamin Netanyahu, retratado como criminal de guerra en un cartel de origen británico que circulaba en 2014 (rs21.org.uk)
El fiscal Khan acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Galant, de un conjunto de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra: inanición de civiles como método de guerra, causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves, trato cruel, homicidio intencionado, dirigir intencionadamente ataques contra una población civil, exterminio y/o asesinato, persecución, etc., entre otros actos inhumanos.
Pregunta: ¿Por qué no se acusa a todo el Gabinete de Guerra, además, de políticos, militares y colonos que abiertamente incitan al genocidio? Los crímenes que Israel perpetra están establecidos en la Convención contra el Genocidio, aunque Khan se ha negado acusar de genocidio, estamos ante un inequívoco caso de genocidio.
La acusación no queda allí. Acusa a los altos dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri (alias Deif) e Ismail Haniyeh de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra: exterminio, asesinato, toma de rehenes, violencia sexual (incluida la violación), tortura, tratos crueles, ultrajes a la dignidad personal y otros actos inhumanos. Las acciones violentas de Hamás (al parecer permitidas por Israel) tiene algunos indicios criminales peculiares que ameritan un proceso como es la toma de rehenes o la presunta violencia sexual (no comprobada). Es un hecho que Hamás cometió crímenes en el marco de su legítima lucha por la liberación, lo cual no significa que perdió legitimidad ante el Derecho Internacional y, en un marco contrario, la guerra de Israel es un crimen en todo sentido.
En el mundo real, esta acción jurídica para el caso Israel no será más que un recordatorio político, ¿contradictorio?. Lo explico, "legalmente", la CPI (Estatuto de Roma 1998), es el único tribunal internacional facultado para perseguir personas por delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), es decir, otro órgano de las Naciones Unidas, tiene potestad por crímenes similares, pero cuando la acusación se dirige a los Estados y no a individuos en particular. Israel está sujeto ya a un proceso ante la CIJ e Israel se niega a cumplir el último fallo de la CIJ, el asedio a Rafah debe terminar inmediatamente.
Ciertamente, lo único que trascenderá a nivel mundial es que la perpetua inmunidad de la que gozaba Israel ha llegado a su fin, o al menos ha sufrido resquebrajos. Sin embargo, el Policía Mundial -Estados Unidos- que actúa según sus intereses geopolíticos, para este caso particular (defensa de Israel) ha rechazado el concepto del derecho internacional; el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, ha señalado: "No ponemos a ningún organismo internacional por encima de nuestra soberanía" (lo que implica que Israel es parte de su soberanía). Se comprende que la definición misma del Derecho Internacional establece su supremacía sobre la soberanía nacional. A lo largo de los años, muchos han expresado que el Derecho Internacional no existe (según las circunstancias del momento), así que oficialmente el promotor del derecho internacional y de la ONU -Estados Unidos de América- rechaza el concepto mismo de derecho internacional.
Las órdenes de arresto contra los israelíes no se efectivizarán (aunque se emitan), la CPI carece de fuerza policial para hacer cumplir sus resoluciones (detener a los sospechosos); solo puede confiarse en la voluntad de los 124 estados que firmaron el Estatuto de Roma. ¿Quién se atreverá a poner el cascabel al gato israelí...?, para los "gatos" palestinos habrá voluntarios.
El historiador alemán y experto en política internacional, Tarik Cyril Amar (Historia Moderna de la Universidad de Oxford, máster en Historia Internacional por la LSE, doctor en Historia por la Universidad de Princeton y otros títulos como becario en el Museo Conmemorativo del Holocausto), en su artículo "Israel's immunity has finally cracked: The ICC goes after Netanyahu", describe que, "Israel está tan fundamentalmente equivocado como la resistencia palestina está fundamentalmente en lo correcto. En realidad, Israel no puede reclamar el derecho a la ´autodefensa´ contra una población que ocupa. En realidad, como potencia ocupante (sí, también para Gaza, a pesar de su engañosa "retirada" de 2005), tiene obligaciones para con esa población en virtud del derecho internacional, todo lo cual pervierte en su opuesto grotescamente vicioso. Por ejemplo, cuando debe, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población de Gaza, suministro de alimentos, medicinas, atención médica y otros bienes básicos necesarios para que la población pueda vivir en condiciones materiales adecuadas", Israel ha bloqueado, matado de hambre y masacrado, incluso antes...".
El gobierno de Netanyahu ha logrado que la administración Biden -que dice oponerse a sus acciones- no siga oponiéndose a su política genocida, así como se niega a obedecer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, con más descaro, se burla de la Corte Internacional de Justicia. Nadie puede hacer nada para detener los crímenes en Gaza y Cisjordania, la limpieza étnica continuará imperturbable.
Con estas reflexiones político - jurídicas bien merece transcribir un estudio sobre esta realidad. Pablo Jofré Leal, destacado periodista y analista internacional, tiene la palabra.
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La Corte Penal Internacional y su inaceptable teoría del buenismo
Pablo Jofré Leal
Articulo escrito para HispanTV
mayo 2024
I
La decisión de CPI del 20 de mayo pasado equipara a los genocidas israelíes con la Resistencia palestina que lucha por la liberación de pueblo.
La conducta de sumisión de la Corte Penal Internacional (CPI) a las presiones, chantajes y definiciones de qué hacer o no hacer, a que situaciones poner atención, a tratar de equilibrar políticamente determinados hechos y en otros tratar de minimizarlo es parte de la conducta de una institución que el lunes 20 de mayo de 2024 mediante su fiscal jefe, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de guerra Yoav Gallant “el dúo genocida” con cargos que incluyen provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y persecución.
Entidad israelí - genocidas
Evidentemente los cargos más plausibles y evidentes contra los dirigentes sionistas no están presente en esta solicitud de Khan, como son los de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. ¿Por qué? Considero que esta decisión muestra esa política tan propia de aquellos que practican la teoría del buenismo que se concreta con enfocar toda su acción en tratar de no incomodar a aquellos que han sido parte de los poderes hegemónicos de las últimas décadas, en específico Estados Unidos y los suyos.
Como el sólo hecho de generar solicitudes de detención contra dirigentes civiles y militares del régimen nacionalsionista israelí podría generar una oposición frontal, la CPI lo que realizó es temperar dicha disposición generando, igualmente, solicitudes de órdenes de arresto contra los líderes del Movimiento de Resistencia islámica de Palestina -HAMAS- en los nombres de Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri e Ismail Haniya. Una determinación que echa en saco roto el valor y la legalidad de la lucha de la resistencia frente a un usurpador como es el régimen infanticida israelí y por ende minimiza el combate contra esa entidad que durante 76 años ha ocupado y colonizado el territorio palestino y exterminado a su población. Aquí evidentemente se equipara al victimario con la víctima y eso genera un inmediato rechazo a estos intentos de presentar este exterminio como una especie de guerra equilibrada.
Esto sólo propicia mayores grados de impunidad de la entidad israelí y el incremento de su política de solución final al estilo del Tercer Reich contra el pueblo palestino. Para la CPI la operación Diluvio de Al Aqsa llevada a cabo por la resistencia palestina desde el 7 de octubre del año 2023 es equiparable a siete décadas de usurpación, expolio, genocidio, masacres, de hombres, mujeres y entre ellos decenas de miles de niños. La destrucción de ciudades y pueblos palestinos y la modificación de sus nombres originales, la invisibilización de su historia, su vestuario, comidas, la tergiversación de la historia milenaria del pueblo palestino. Los crímenes atroces cometidos contra su población, la realidad de dos enormes campos de concentración como son la Franja de Gaza y Cisjordania, la construcción de asentamientos poblados por cientos de miles de colonos sionistas de los más extremistas de una sociedad violenta y racista como es la israelí. Usurpación del territorio palestino haciendo imposible pensar en la idea y realidad de un estado palestino autodeterminado.
Sumemos la generación de autopistas exclusivas para colonos sionistas, el impedir el retorno de los refugiados palestinos, el despojo de viviendas, la demolición de ellas, el robo de sus riquezas y recurso naturales. La instalación de su sistema de apartheid, la incitación y realidad de un genocidio. Todo ello ha sido minimizado por la CPI con la necesaria solicitud de detención de los criminales sionistas, sumando a los lideres de la resistencia palestina en una compensación inaceptable y avalando la idea de la falsa autodefensa del sionismo frente a Diluvio de Al Aqsa cuando bien saben los fiscales de la CPI que una potencia ocupante no puede argumentar autodefensa y cuya realidad solo es posible aceptar del pueblo ocupado con toda la legalidad que tal hecho determina, en aras de su proceso de liberación.
No extraña la decisión del Fiscal jefe de la CPI, pues en general esta institución no ha mostrado una conducta que propicie el juzgamiento de los criminales de países que han ejecutado políticas de exterminio, desestabilización, agresiones, invasiones y ocupación de diversos países. Líderes políticos y militares de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, como también otros miembros de la OTAN y por ende partícipes de políticas genocidas como ha sucedió en Libia, Siria, Afganistán, Yemen, El Líbano, Irak, entre otros países con resultados que han significado la muerte de seres humanos y la destrucción de sus países. No vamos a encontrar órdenes de detención contra personajes que han ocupado altos cargos en sus países y han llevado a cabo esas políticas que merecían órdenes de detención internacional y su juzgamiento por crímenes de guerra, lesa humanidad y crímenes de agresión.
¿Dónde están las órdenes de detención para el ex Primer ministro inglés Tony Blair o el actual Richi Sunak? ¿Dónde está la solicitud de detención para el expresidente español José María Aznar o el exmandatario estadounidense George W. Bush? ¿Dónde están las órdenes de aprehensión del secretario general de la OTAN, del expresidente francés Nicolas Sarkozy o del actual Emmanuel Macron? ¿Dónde las órdenes de arresto para cada uno de los ex primeros ministros que han ocupado ese cargo en la entidad sionista antes que Netanyahu? ¿Dónde está la determinación que llame a detener a los líderes de la monarquía saudita en especial a Mohammad bin Salman por su agresión a Yemen y el apoyo a la creación de grupos terroristas, que han agredido por 13 años a Siria generando más de 600 mil muertos? Pura y despreciable hipocresía, en ese actuar medroso e interesado, en no afectar los intereses políticos que agreden, asesinan y después rasgan vestiduras con relación al respeto de los derechos humanos.
En esta línea de acción, tan favorable a las potencias occidentales influye, indudablemente, el hecho que el funcionamiento de la CPI depende de una financiación de los estados que la componen, recibiendo donaciones de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y sociedades -generalmente a través del llamado Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional- que la hacen susceptibles a presiones de aquellos, principalmente países aliados de Estados Unidos, que más aportan bajo la vieja máxima orquestal “quien pone la plata pone la música” como es el caso de Japón y Alemania, cuyos países en los últimos años son los que más aportan a la CPI. La consiguiente dependencia de esta institución respecto de la voluntad de los Estados a cooperar se encuentra en una evidente y constante tensión con su independencia, como órgano jurisdiccional basado en un tratado. Cada año, la Corte Penal Internacional envía una solicitud a los estados parte para su presupuesto programático del año siguiente.
Un órgano subsidiario de experto/as de la Asamblea de los Estados Parte (AEP), el Comité de Presupuesto y Finanzas, ayuda con este complejo proceso presupuestario durante todo el año. La AEP luego da la aprobación final del presupuesto de la Corte en su sesión anual, generalmente en noviembre o diciembre. Los estados partes de la CPI pagan una contribución anual basada en su ingreso nacional bruto. Para el año 2023 el presupuesto de esta institución internacional fue de 187 millones de euros. Recordemos que son 124 los países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. Pero, sólo 31 estados han firmado el Estatuto de Roma, pero aún no lo han ratificado. Dos Estados se han retirado de este Estatuto: Burundi y Filipinas.
Las presiones contra la CPI -con su determinación de solicitar la detención del criminal primer ministro del régimen israelí y su ministro de la guerra, comenzaron a los pocos minutos de la declaración dada por el Fiscal jefe Karim Khan y desde la boca del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este reaccionó a la petición de las órdenes de arresto vociferando que “La solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa. Y permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia -ninguna- entre "Israel" y Hamás. Siempre estaremos junto a "Israel" contra las amenazas a su seguridad” sostuvo el mandatario estadounidense quien el año 2016 se autodefinió como sionista.
La Corte Penal Internacional, con sede en Los Países Bajos -en la ciudad de La Haya- es una institución de índole internacional, permanente, establecida para investigar y perseguir a todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves de transcendencia mundial como son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, y los crímenes relacionados con la guerra. El año 2020 se incorporó en el campo de acción de esta CPI los crímenes de agresión. La CPI es un órgano judicial independiente, que se rige por el mencionado Estatuto de Roma (A/CONF.183/9) que fue adoptado el 17 de julio de 1998 por la denominada Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional y entró en vigor el 1º de julio de 2002. Según su propia definición la CPI participa en una lucha global “para poner fin a la impunidad y, a través de la justicia penal internacional, pretende responsabilizar a los culpables por sus crímenes y ayudar a evitar que vuelvan a ocurrir. La Corte no puede alcanzar estos objetivos por sí sola. Como tribunal de última instancia, busca complementar, no reemplazar, a los tribunales nacionales. La CPI es la primera Corte Penal Internacional permanente del mundo”.
- Isaac Herzog. Presidente del régimen sionista. De padre irlandés y madre egipcia.- Itamar ben Gvir. Ministro de seguridad nacional. De familia originaria de Irak.- Bezalel Smotrich. Ministro de finanzas de familia originaria de Ucrania.- Ayelet Shaked, de origen iraquí, ex diputada y ministra de recientes gobiernos sionistas, que incita permanentemente al genocidio del pueblo palestino.- Avigdor Lieberman. Ex ministro de guerra y colono de origen moldavo, que ha llamado a lanzar una bomba nuclear contra el pueblo palestino.- El ex jefe del estado mayor del ejército sionista Benny Gantz, con padre de origen rumano, que llama a la destrucción de la Franja de Gaza y la eliminación total de la resistencia, con el asesinato de miles de niños.- El ex primer ministro Yair Lapid de origen yugoeslavo como también el ex primer ministro de origen estadounidense Naftali Bennett.
